Lunes marcado en rojo para el Gobierno de Juanma Moreno que afronta el principal desafío de su todavía corta legislatura con mayoría absoluta: evitar una huelga en la Atención Primaria andaluza, convocada por el Sindicato Médico a partir del miércoles. La intención de los representantes de la Consejería de Salud es sentarse a negociar y no levantarse hasta conseguir el acuerdo. Las bases de la discusión se hallan en un documento de 19 puntos que este periódico publicó el 1 de abril. El punto de partida es alcanzar el 25% del presupuesto que representará este servicio en el sistema sanitario público de la comunidad, ocho puntos más que ahora. El informe aborda las graves deficiencias que se observan desde hace años y que se han agudizado como consecuencia de la pandemia. Las agendas de citas que deben atender a diario los facultativos y la reducción de los cupos máximos de pacientes al mes tanto en la prestación general como en Pediatría: las medidas para desburocratizar algunas funciones que pueden desarrollar sólo el personal administrativo, los protocolos asistenciales y, finalmente, las demandas económicas y de reorganización de las categorías de estos colectivos. Ninguna solución será posible sin el necesario aumento de personal y no sólo de médicos. Por ejemplo, la propuesta que se debate prevé 570 fisioterapeutas, 200 terapeutas y 150 logopedas más que "deberán incorporarse antes de finalizar 2026". Y también la implantación de la enfermería escolar a partir de marzo del próximo año. El propio SAS reconoce que la Atención Primaria es el pilar esencial del sistema sanitario público. A partir de ahí, irradia o contagia al resto de los servicios. Desde las especialidades a las urgencias de los hospitales, que pueden saturarse sin necesidad. Sería deseable una negociación seria y sin la presión del corto plazo por la amenaza de una huelga, aunque sea lógica la desconfianza ante las últimas promesas. Un déficit de años no se solventa en un día.