La Justicia y los tiempos

Jordi Pujol, el que fuera todopoderoso presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha sentado en el banquillo a los 95 años, con sus facultades físicas e intelectuales muy mermadas, por unos hechos que se conocieron en 2014, referidos al mantenimiento de una fortuna en el extranjero oculta a la Hacienda española. El juicio se prolongará durante varios meses y, cuando haya una sentencia, habrá pasado casi una década y media desde que empezó la investigación judicial. En Andalucía, se ha conocido esta semana la sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto a los 16 acusados por el supuesto amaño de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Han sido diez años de calvario judicial que ha arruinado varias carreras profesionales, ha puesto en entredicho la honradez de cargos públicos y funcionarios de la Junta y ha cuestionado el buen nombre de las empresas afectadas. En este caso se da la circunstancia de que la Fiscalía y la propia instructora del caso, que dictó dos veces el archivo, no vieron delito en el proceso de adjudicación y fue la insistencia de la magistrada de la Audiencia Mercedes Alaya la que terminó aceptando los recursos de las acusaciones y propiciando la vista. Tanto el caso de Pujol como el de la mina de Aznalcóllar, en los que el proceso se prolonga durante años, invitan a plantearse si la Justicia que actúa con tanto retraso se hace acreedora de ese nombre. La propia Audiencia de Sevilla lamenta en su sentencia “el perjuicio moral y económico” causado a los investigados y reprocha a las acusaciones “la injusticia y la sinrazón de su posición”. Casos como los de Pujol o la mina sevillana no son en absoluto excepcionales en los tribunales españoles. La falta de medios y la dificultad de muchas de las investigaciones hace que cuando por fin se dicta una resolución, en muchas ocasiones el daño causado sea tan elevado como irreparable.