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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido renovado después de un lustro de bloqueo, pero sus flamantes vocales se muestran incapaces de elegir a un presidente para de, este modo, comenzar los nombramientos de las más de 100 vacantes de magistrados que hay que resolver en el Supremo, los tribunales superiores regionales y las audiencias provinciales. Después de tres votaciones, los 20 miembros del CGPJ, elegidos por un acuerdo entre el PSOE y el PP, han vuelto a posponer la elección de su presidente, que lo será a su vez del Supremo, por lo que se remiten a una nueva votación que se producirá pasados los mediados del mes de agosto. La causa de esta parálisis es que el modo de elección de los vocales garantiza que la pugna entre los dos grandes partidos se traslada al CGPJ, es una pura correa de transmisión que obedece en buena parte a los intereses de las siglas. Aunque los jueces y juristas que lo componen rechacen ser clasificados como conservadores y progresistas, sus hechos confirman que esta división es la que impera en sus decisiones. Ahora, los vocales progresistas desean elegir a una mujer como presidenta del Consejo, con varios argumentos que tienen su peso, pero que no justifican más aplazamientos si se considera que la elección del presidente es imprescindible para desbloquear un centenar de nombramientos. En sus cuatro décadas de funcionamiento, ninguna mujer ha presidido el órgano, a pesar de que hoy suponen una mayoría en la carrera judicial, lo que da buena cuenta de que la igualdad de oportunidades ha mejorado bastante en el sector. Los conservadores argumentan que la persona seleccionada debe ser elegida por sus méritos, lo que tampoco invalida la otra opinión. La parálisis se ha agravado por un cruce de críticas entre los vocales y las asociaciones judiciales implicadas, lo que también debe apelar a la responsabilidad de tan altas magistraturas del Estado.
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