EL próximo miércoles los trabajadores y trabajadoras andaluces y la sociedad andaluza en su conjunto tenemos motivos para participar, de manera mayoritaria, en la huelga general convocada. Al parar ese día le estaremos diciendo al Gobierno español que no estamos de acuerdo con sus políticas de recorte social y su reforma laboral; que no apoyamos una política económica que empobrece, aún más, a los que peor lo están pasando y que con actuaciones nada equitativas y antisociales no lograremos remontar la crisis, muy al contrario, la empeoramos. La huelga general servirá, también, para decirle, alto y claro, al Gobierno que con sus actuaciones no vamos a poder solucionar los graves problemas de empleo que tiene nuestra economía y que, por todo ello, es necesario que rectifique.

La ciudadanía andaluza sabe a lo que se expone y lo mucho que pierde con las medidas adoptadas por un Gobierno que ha demostrado el peor de los servilismos hacia el pensamiento neoliberal, las instituciones y los mercados financieros que son los auténticos responsables de la actual crisis. Sabe que es urgente contrarrestar los duros efectos que las acciones del Gobierno español están teniendo sobre los trabajadores, los pensionistas o la población desempleada y que ahondan en un panorama dramático de menos derechos y garantías sociolaborales.

Es consciente de que las acciones llevadas a cabo por el Gobierno conforman una estrategia de mayor desregulación, flexibilización y precarización del mercado de trabajo que tiene como objetivo hacer desaparecer derechos de los trabajadores. Entiende que la reforma laboral no creará empleo sino que lo precarizará, cuando no lo destruirá, al facilitar y abaratar el despido, al dejar en manos de las empresas privadas la gestión del desempleo, al debilitar la negociación colectiva en las empresas, al seguir permitiendo la temporalidad no justificada…

Comprende que la reforma laboral junto con la reducción del gasto y la inversión pública conllevan un severo empobrecimiento de los trabajadores. Nadie puede negar que con estas medidas el Gobierno no sólo se olvida de sus compromisos, sino que hace recaer sobre los trabajadores, los desempleados y los pensionistas los mayores esfuerzos y costes de la crisis económica. En vez de buscar aliados para luchar contra los especuladores y la dictadura de los mercados financieros, este Gobierno pretende ser alumno aventajado, quizás no en resultados pero sí en medidas, de una estrategia de recortes laborales y sociales que se pliega a los dictados e intereses de quienes han provocado esta crisis.

Al secundar la huelga general del 29 de septiembre los trabajadores y trabajadoras de Andalucía denunciaremos una estrategia que basa su razón de ser en una falacia: "los ajustes planteados conforman la única política económica posible para salir de la crisis". La reducción del gasto y de la inversión pública, el recorte de los derechos laborales y sociales, el abaratamiento de los despidos, la bajada de salarios, la destrucción de la negociación colectiva o la reforma del sistema público de pensiones forman parte de una política económica desenfocada que antepone la reducción del déficit público o la desregulación de las relaciones laborales al que debería ser el principal objetivo del Gobierno: generar empleo.

Una política desafortunada, inmovilista y retrógrada a la que se le debe poner freno, pues, hoy por hoy, nada garantiza que el Gobierno no siga adoptando medidas que erosionen y desmantelen los pilares básicos del Estado del Bienestar.

Porque, para colmo de males, el plegarse a las recetas neoliberales no le está sirviendo al Gobierno español para evitar tener el dudoso honor de ser el país que cuenta con el mayor índice de desempleo de los países de la OCDE. Si en julio la tasa media de desempleo de dichos países se situaba en el 8,5%, en España nos situábamos en más del doble, concretamente en el 20,3%. Un dato que ilustra la dramática realidad de nuestro mercado de trabajo y que empeora cuando tenemos presente el demoledor 40% en el que se sitúa la tasa de desempleo de los jóvenes españoles. Una realidad que refleja que el Ejecutivo de Zapatero está basando sus actuaciones en un modelo fracasado y caduco.

Incluso, parece que los culpables de la crisis económica somos los trabajadores y los sindicatos. Una consecuencia más de la estrategia que persigue el debilitamiento de la acción colectiva de la defensa de los derechos laborales y sociales que llevan a cabo organizaciones como la nuestra y que es fruto de una campaña de descrédito que persigue borrar del mapa a los sindicatos de clase.

Motivos y razones que justifican y explican porqué hay que movilizarse, y que nos deben animar a participar y a no resignarnos. El próximo 29 de septiembre pararemos para defender una salida más justa, equilibrada y equitativa de la crisis económica… nos jugamos ganar el futuro.