La aldaba
Qué clase de presidente o qué clase de persona
El fiscal general del Estado es culpable. Así lo ha dictaminado quien únicamente puede hacerlo, que es el Tribunal Supremo, y a partir de ahí todas las opiniones pueden seguir circulando como hasta ahora, y así debe ser en democracia, pero nada va a cambiar esa verdad judicial. Los ciudadanos no podemos más que acatar la sentencia, pero tenemos todo el derecho tanto a apoyarla como a discrepar e incluso a criticarla fuertemente. De hecho, esto último es lo que harán seguramente dos magistradas que integran la sala que ha juzgado al ya simplemente ciudadano Álvaro García Ortiz, y a ellas se les supone más conocimiento teórico y de causa que al común de la población.
También es de razón decir que los tribunales se equivocan a veces, y la Historia está llena de casos sangrantes. De nuevo, eso es lo que opinan las dos susodichas juezas discrepantes que redactarán sus votos particulares. Para eso se inventaron también las diferentes instancias superiores judiciales, para confirmar o corregir sentencias de las inferiores. No obstante, presuponer intereses políticos (que en este caso serían directamente prevaricación) en el fallo es de una gravedad tal que afirmarlo públicamente sólo se puede hacer mostrando pruebas irrefutables, una prudencia de las que los políticos no suelen hacer demostración.
Dicho esto y dada la división cierta del Alto Tribunal, a la ciudadanía, que no sabe de normas jurídicas pero tiene sentimientos, sólo le va a quedar la opción de situarse en el bando mayoritario de los magistrados que creen en la culpabilidad o en el de las que creen en la inocencia de García Ortiz. Y por supuesto, esperando que la sentencia que están redactando demuestre sin la más mínima duda (así lo exige la ley) que el ex fiscal general fue quien reveló el secreto a voces de la culpabilidad de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Igualmente, habrá de explicarse en ella por qué la gravedad del delito es suficiente para que tenga que pagar multas e indemnizaciones y ser inhabilitado, pero no tanto como para ir a la cárcel.
El que esto escribe tampoco anda falto de sentimientos ni de sentido común. Como tengo oídos para oír y ojos para ver, afirmo que no he oído ni visto ninguna prueba irrefutable en el transcurso de la vista que nos han dejado seguir a cuentagotas, y en la que ninguno de los testigos ha podido confirmar que el autor del delito sea el fiscal general. Y no soy tan listo como otros: yo sí creía que por eso iba a salir absuelto. Pero como no tengo conocimientos jurídicos y ya todo el mundo, con ellos o sin ellos, ha hablado de esto, no sé para qué me meto.
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