Violencia de género: La Fiscalía de Cádiz exige una "mejor coordinación" entre los cuerpos policiales y los juzgados

La Fiscalía General del Estado ha reclamado más personal y medios para la "protección efectiva" de las víctimas de violencia de género en su Memoria correspondiente al año 2024 presentada durante la apertura del Año Judicial.

En el documento, la Fiscalía dicho que es "urgente" una "actuación decidida" de las administraciones públicas para crear y dotar a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) del "personal suficiente, garantizar su presencia en los turnos de guardia, consolidar equipos multidisciplinares estables y asegurar que los informes se emitan con la celeridad y calidad técnica que exige la gravedad de los delitos que se abordan y la necesidad de protección efectiva a las víctimas".

En cuanto a la valoración policial del riesgo, considerada por el Ministerio Público como un "elemento esencial" del sistema de protección, fiscalías de territorios como Cantabria, Guadalajara, Ourense y Madrid valoran positivamente la utilidad de estos informes, destacando su "grado de detalle" y "utilidad para una toma de decisiones fundada".

En el caso de Pontevedra agrega que se solicita información policial actualizada antes de decidir sobre custodias o visitas cuando los menores no pueden ser oídos. Mientras, en Madrid, permiten detectar incrementos de riesgo y modificar medidas de forma inmediata.

En cambio, varias fiscalías provinciales ponen de manifiesto "problemáticas relevantes" derivadas de la "infravaloración" de situaciones de riesgo reales. Así, en provincias como Cádiz, Albacete, Gerona y Córdoba se han denegado órdenes de protección a víctimas con adicciones, discapacidades o situaciones de vulnerabilidad, basándose en evaluaciones que arrojaban niveles "bajo" o "no apreciado" de riesgo. Ello recalca que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que "posteriormente se han mostrado necesarias".

Desde la Fiscalía de Cádiz se exige una "mejor coordinación" entre los cuerpos policiales y los juzgados, para garantizar una "protección efectiva".

En cuanto al uso de medidas tecnológicas de protección, como las pulseras telemáticas, la Fiscalía asegura que la aplicación sigue siendo "desigual". Provincias como Segovia, Valladolid o Salamanca las solicitan cuando hay riesgo medio con especial relevancia o superior. Sin embargo, en otras regiones, como Valencia, se denuncia una "aplicación restrictiva", incluso cuando la Fiscalía las ha solicitado expresamente.

La Memoria recoge diversas propuestas para mejorar el sistema de protección, entre ellas: reforzar la formación policial en género y victimología; integrar a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) desde el inicio del proceso penal; revisar técnicamente los criterios de valoración del riesgo, adaptándolos mejor a los perfiles de víctimas más vulnerables; y mejorar la coordinación entre operadores jurídicos y policiales.

La Memoria también evalúa el funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas (OAV), calificadas como "fundamentales" en la atención integral a víctimas de violencia de género. Durante 2024, se atendieron 6.887 víctimas, lo que supone un incremento del 4,25% respecto a 2023.

Sin embargo, apunta que "persisten desigualdades territoriales, carencias estructurales y falta de homogeneidad" en la cobertura de estas oficinas. Así, en comunidades como Andalucía se han registrado mejoras notables, con ejemplos como Jaén, donde de superaron las 2.200 atenciones.

En contraste, provincias como Santa Cruz de Tenerife siguen sin contar con OAV operativa, lo que se traduce en "menor protección y desinformación de las víctimas". En otras zonas, como León o Valladolid, persisten carencias de personal y espacios inadecuados para la atención.