Un tupido velo esconde el pasado de Cádiz
historia
En una iniciativa que surge en la provincia, cuatro asociaciones de historiadores reclaman la reforma de la Ley de Secretos Oficiales
Hace unos años, el profesor de Historia Contemporánea de la UCA Julio Pérez Serrano dirigió una tesis sobre la Base Naval de Rota y la investigación se topó con una enorme laguna. "La verdad es que había muy poca documentación. Había que moverse por los tratados hispanonorteamericanos de 1953, pero en realidad la letra pequeña nunca apareció. Sin duda, la hubo. Y creo que todo eso está clasificado como materia reservada".
Pérez Serrano, presidente de la Asociación de Historia Actual (AHA), evoca aquella tesis al comentar sobre qué episodios relacionados con la provincia de Cádiz existe o puede existir documentación oficial a la que aún no es posible acceder porque continúa declarada secreta o reservada. Los historiadores reclaman desde hace años la desclasificación de documentos vedados para ellos y para el público. El mes pasado, una de esas iniciativas partió de Cádiz, desde un congreso organizado por la asociación que preside este profesor de la UCA.
Lo que surgió fue una carta dirigida a los grupos parlamentarios que les pide el desbloqueo de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que planteó el pasado noviembre el PNV. El cambio que propone el PNV, explica la carta de los historiadores, "permitiría desclasificar las materias secretas en un período máximo de 25 años y las reservadas en un plazo de 10 años con carácter general. Excepcionalmente y por un motivo razonado, se podría prorrogar por 10 años más la clasificación como secreto de determinadas materias".
La Asociación de Historiadores del Presente (AHP) organizó en Cádiz el congreso del que surgió la misiva junto con la AHA. Son las dos asociaciones más numerosas de Historia Contemporánea, señala Julio Pérez. "Algunos compañeros de los que trabajamos en el período más reciente planteamos la posibilidad de hacer esa carta. Juan Carlos Pereira, de la Universidad Complutense, y yo la redactamos y la sometimos a las asambleas de las dos asociaciones y en ambos casos fue aprobada por unanimidad. Luego hubo pliegos de firmas para que se sumasen más gente".
Al final la suscribieron también otras dos asociaciones: la Asociación de Historia Contemporánea (AHC) y la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI). "Prácticamente ahí está el cien por cien de la gente que se dedica a trabajar con este tipo de documentación relacionada con lo más cercano a nosotros, lo más reciente", anota Pérez Serrano, quien explica que los documentos no desclasificados abordan asuntos principalmente relacionados con las relaciones exteriores. Por ejemplo, la descolonización del Sáhara. "Sobre eso hay mucha documentación clasificada", dice.
Hay dos tipos de clasificación. Un documento puede ser considerado secreto oficial o materia reservada. "Para el historiador, ninguna de las dos es accesible. Un documento puede ser clasificado con este tipo de etiqueta y ya es imposible acceder a él. Por eso es difícil saber qué cosas están clasificadas, porque desconocemos incluso qué existe".
De ahí que resulte imposible conocer de antemano qué oculta el Estado y qué asuntos están relacionados con la provincia de Cádiz, aunque haya pistas e indicios que permiten aventurar algo. Es probable que haya documentos sobre Gibraltar y sobre la Base Naval de Rota. Y es posible que los haya sobre los campos de concentración que hubo durante la Guerra Civil y también en los primeros años del franquismo en diferentes lugares de la provincia de Cádiz.
La ley cuya reforma reclaman los historiadores es de 1968. "Es la anomalía que venimos denunciando", dice Pérez Serrano, "porque es una ley que se reformó parcialmente en 1978 pero la original es de la época franquista. Lo que se pretendía entonces era preservar cualquier tipo de decisión que se tomara en el Consejo de Ministros o en despachos gubernamentales, que no fuera posible para los ciudadanos acceder a ello, no sólo para los historiadores".
Los historiadores creen que permanece oculta aún importante documentación relacionada con la represión franquista. "Conocemos cosas pero sin duda hay mucho a lo que no podemos acceder a pesar de que ha pasado ya mucho tiempo", afirma Pérez Serrano.
Al campo de concentración por criticar al Gobierno
En 1941, el gobernador civil de Cádiz tenía tanto poder que podía enviar a un "campo de concentración" a quien osara ser un "derrotista contumaz", "hacer circular bulos promoviendo alarma" o "murmurar de las autoridades y jerarquías del Partido". Del único partido permitido en la España franquista. El gobernador podía hacerlo y lo hacía, como muestra, por ejemplo, una nota publicada por Diario de Cádiz el 23 de enero de ese año con una relación de "elementos" de la provincia que pasaban a ser "internados" en un "campo ce concentración" por esos y otros motivos. Aún hay documentación clasificada como secreta sobre esa oscura y ocultada historia del franquismo.
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