Numerosas empresas con actividad económica real de las comarcas de Ubrique y Jerez eran clientes de la trama de sociedades ficticias y pantalla que creó el ex policía Carlos Carretero. Esas empresas compraban facturas falsas con las que equilibraban sus compras y ventas y lograban así eludir el pago a Hacienda de cantidades correspondientes en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades (IS).

Eso afirma el fiscal en la calificación provisional de la Operación Halcón. La trama que relata ese escrito era perfecta: Carlos Carretero se embolsaba una enorme cantidad de dinero de manera ilegal pero lo hacía beneficiando a empresarios muy legales que estaban muy satisfechos con ese hombre providencial. Carretero fue durante años un héroe que luchaba contra la perversa e insaciable Hacienda en defensa del pueblo. Estaba rodeado de mucha gente agradecida. El personaje no provocaba ningún tipo de rechazo social: para muchos era una especie de Robin Hood de la comarca.

Cuando Vigilancia Aduanera finalizó la Operación Halcón y destapó la trama, buena parte de los empresarios que se beneficiaban con la estructura ideada por Carlos Carretero optaron por "ponerse al corriente de sus obligaciones tributarias" y evitaron ser procesados. Volvieron a beneficiarse. Esta vez, de una exención penal prevista en el artículo 305.4 del Código Penal, según anota el fiscal en su escrito.

La Operación Halcón aún no ha sido juzgada. La instrucción del caso ha avanzado muy despacio en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Jerez desde que llegó allí en 2006. Tanto, que el propio fiscal solicita la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas; esto es, que Carretero y los otros 18 procesados se beneficien de una rebaja en la pena, caso de ser condenados, debido a un retraso injustificado en la tramitación de la causa.

Entre los acusados junto a Carretero se encuentra su pareja, Elisa Calvente, que también fue condenada, como él, en la Operación Karlos: la trama de obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral que fue descubierta cuando era investigada la de las facturas falsas.

Elisa Calvente era la "verdadera lugarteniente" de Carlos Carretero en el entramado de empresas ficticias y pantalla, afirma el fiscal: se encargaba de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas. Otros colaboradores principales de Carretero en estas actividades, añade el fiscal, eran Salvador Macías, "su hombre de confianza", y Mariano García Martínez. Otros procesados, agrega, formaban el grupo de testaferros: figuraban como titulares de empresas ficticias y firmaban facturas, bien a cambio de dinero o de pensiones de la Seguridad Social para ellos o sus familiares que Carretero conseguía con ayuda del inspector médico Casto Pérez Lara, también condenado en la Operación Karlos.

El plan urdido por Carretero lo explica el fiscal de la manera que sigue. Por un lado, la trama creaba empresas meramente emisoras de facturas falsas; bien con forma de sociedades limitadas o sociedades de bienes o que actuaban como empresarios individuales. Esas empresas carecían de organización, no tenían locales ni estructura ni personal ni actividad empresarial y no presentaban documentación alguna a la Administración Tributaria. Sólo efectuarían ventas, no figuraba compra alguna. La finalidad de este grupo de empresas era emitir facturas a otro grupo de empresas pantalla con el objetivo de que éstas pudiesen compensar ante Hacienda el IVA supuestamente soportado que figuraba en ellas con el que apareciese como repercutido en las que estas últimas confeccionaban con destino a las empresas finales (aunque también a veces emitían facturas falsas para esas empresas finales).

La trama creaba también las empresas pantalla. Igualmente, en ocasiones con forma de sociedades limitadas, de comunidades de bienes o como empresarios individuales. Formalmente, esas empresas pantalla aparecían como cumplidoras de sus obligaciones fiscales legales (figurarían en alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y presentarían sus correspondientes declaraciones de IVA e IS ante Hacienda). También poseían locales en los que desarrollaban una actividad mercantil, aunque generalmente los compartían varias.

No obstante, la actividad de esas empresas era casi totalmente ficticia: su verdadero cometido era vender a las empresas que el fiscal denomina finales facturas que reflejaban operaciones comerciales inexistentes. Y ello a cambio de un porcentaje sobre el IVA reflejado en ellas. A fin de no tener que pagar al fisco el IVA reflejado en esas facturas, lo compensaban con el que aparecía en las empresas del grupo anterior, las ficticias.

El entramado culminaba en las empresas finales, de actividad económica real, que mantenían relaciones comerciales con empresas clandestinas, de la economía sumergida. De ahí que tuviesen interés en comprar las facturas emitidas por las empresas pantalla o por las del otro grupo, las ficticias. La finalidad era aparentar en los libros de contabilidad oficiales un equilibrio entre sus compras y sus ventas. Y, sobre todo, dejar de pagar a Hacienda las cantidades correspondientes en concepto de IVA y de IS.

A este último grupo pertenecían numerosas empresas de las comarcas de Ubrique y Jerez (también de otros lugares). Tres de ellas escamotearon una importante cantidad de dinero al fisco, afirma el fiscal, y sus encargados figuran entre los procesados en la Operación Halcón.