Los técnicos de Diputación declararán como imputados en el mes de octubre

La jueza Lourdes del Río continúa con la fase de instrucción del caso Bahía Competitiva citando a declarar como imputados a los dos técnicos de la Diputación de Cádiz que formaban parte de la comisión de evaluación de las ayudas, Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro. Esta fase se retomará en octubre, aunque la jueza pretendía que las dos citaciones tuvieran lugar antes del parón de agosto, señalando los días 25, 26, 30 y 31 de julio, pero los abogados pidieron la suspensión por falta de tiempo disponible.

El resto de citados que se sentarán ante la jueza en la segunda quincena de octubre son Rosa Rodríguez Cano, representante en la evaluación por parte de Bahía Competitiva, Antonio Perales, director gerente del Plan Bahía Competitiva, Rosa Mellado, gerente provincial de la Agencia Idea, las personas relacionadas con las sociedades denunciadas Mª Victoria Barreira Vivian, Marina Rivada, Rodrigo Burgos y Ofelia Perales y Franciso Javier Otero, que era el director de la sucursal bancaria que emitió los certificados que acreditaba la solvencia de las empresas.

Con la nueva imputación de Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro ya son tres de los cuatro encargados de la evaluación los que pasarán por sede judicial para explicar su implicación en el caso. La única que de momento no ha recibido citación de la jueza es Gema Herrera, la representante de la Agencia Idea y nuera del ex consejero Luis Pizarro.

Durante la jornada de ayer le tocó declarar a Jesús Candil, ex director general de Industria, y Juan Ignacio Moratinos, consejero técnico del Ministerio. Las declaraciones de Moratinos y Candil refrendaron el punto de vista del Ministerio de Industria y que ya pudimos conocer el pasado jueves -cuando pasaron por los Juzgados de Instrucción los otros dos representantes imputados, Ramón Herrero y Alejandro Fernández-. La tesis básica de Industria es que según el convenio firmado por las administraciones implicadas, las evaluaciones dependían de la Diputación con el apoyo de la Agencia Idea y nunca debieron llegar con el resultado de favorable al Ministerio de Industria. Los proyectos investigados no reunían los requisitos debido a los riesgos que presentaban y que los técnicos encargados de la baremación alertaron de una forma errónea, puesto que en Madrid trabajan con listados de las iniciativas aprobadas y no se paran en analizar posibles incidencias si no son avisados previamente.

Moratinos expuso en la mañana de ayer el convenio desde un punto de vista técnico para explicar las competencias que tenía cada una de las administraciones. Por su parte, Jesús Candil estuvo declarando durante poco más de media hora. En este tiempo, el ex director general de Industria desgranó su labor en este proceso que se investiga. Su competencia era la de ejecutar la orden del Gobierno de subvencionar la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Para ello, Candil dio órdenes al subdirector Ramón Herrero para que pusiera en proceso el engranaje (Abogacía del Estado, preparación de convenio, etc). A partir de ahí su presencia se limitó a actos institucionales y a estar presente en la Comisión que resuelve las ayudas porque era su presidente, aunque en dicha reunión no se planteó ninguna incidencia y se resolvió según lo propuesto por Diputación de Cádiz.

Candil no tuvo más noticias de las ayudas hasta que se personaron en el Ministerio representantes de las otras dos administraciones para informarle de que habían detectado irregularidades en las ayudas y que se había presentado una denuncia. El Ministerio ordenó entonces parar el proceso y revisar los expedientes.