La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la suspensión de la entrada en prisión de la ex alcaldesa de Rota Eva Corrales -condenada a cuatro años y medio por el caso Horas Extras- mientras se tramita su indulto.

Al igual que hiciera con los funcionarios condenados en esta misma causa (y cuyo ingreso en prisión ha sido paralizado temporalmente por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia entretanto se resuelven sus respectivos indultos), el fiscal también ha recurrido la petición de suspensión de ejecución de la pena para la ex regidora popular roteña, a la que no considera merecedora de una atención favorable por la gravedad de los delitos cometidos por ésta.

Además, Anticorrupción ha anticipado que su criterio será el de rechazar la concesión del indulto a favor de Corrales y para ello ofrece varios argumentos. El fiscal entiende que la que fuera alcaldesa de Rota se valió de su cargo público para prevaricar (dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas) y falsear documentos, de ahí que dos tribunales, el de instancia y el Supremo, hayan impuesto y ratificado, respectivamente, una pena de cárcel proporcionada.

De otra parte, la Fiscalía estima que conceder esta medida de gracia a Eva Corrales sería otorgar un trato de favor a la ex regidora en detrimento del interés general. El Ministerio Público expone que si la sociedad percibe que a los cargos públicos que realizan conductas delictivas se les aplica un trato de tolerancia cuando son condenados por estos delitos, queda en entredicho tanto la confianza en las instituciones como en la Justicia en estos tiempos en los que resulta tan necesario.

Anticorrupción va un paso más allá y argumenta que los delitos de corrupción política no sólo dañan económicamente a la colectividad, sino que suponen también un ataque a los fundamentos del Estado y al sistema democrático. Para el fiscal no se puede hablar sólo de un delito económico cuando se trata de un delito de traición.

El fiscal matiza también en su recurso que los indultos están previstos para delincuentes ocasionales, mientras que Eva Corrales mantuvo, según Anticorrupción, una actitud reiterativa en los actos delictivos cometidos durante su gestión municipal.

Respecto a posibles precedentes, la Fiscalía recuerda que nunca se ha suspendido la ejecución de penas superiores a tres años de prisión en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Eva Corrales, condenada a cuatro años y medio por adjudicar de forma irregular a un funcionario la confección de adornos municipales para las fiestas del pueblo, está a la espera de conocer la sentencia del caso Uniformes.