La Fiscalía solicita la pena total de 28 años y ocho meses de prisión para el vecino de Arcos acusado de asesinar a su bebé de siete meses en junio del año pasado y de maltratar a su pareja y madre del pequeño. La acusación pública, que imputa al procesado los delitos de asesinato y malos tratos, pide "además" el internamiento del padre en un centro psiquiátrico "con carácter permanente y revisable", dado que aprecia en el mismo un trastorno psicótico.

Es la primera vez que se plantea esta medida de seguridad (el internamiento) con carácter permanente y revisable en un procedimiento tramitado en la provincia de Cádiz. Es más, según fuentes de la Fiscalía, si en este asunto no se hubiese apreciado la eximente (incompleta) de alteración psíquica, la petición del fiscal hubiese sido la de prisión permanente revisable.

Es la primera vez en Cádiz que se pide el internamiento permanente y revisableEl procesado tenía "síntomas alucinatorios y delirantes" en el momento del crimen

En los supuestos en los que concurren penas de cárcel y medidas de seguridad privativas de libertad, como sucede en este caso, se cumplen "antes" las medidas de seguridad, es decir, el internamiento, tal y como establece el artículo 99 del Código Penal.

Este vecino de Arcos, que se encuentra en prisión provisional por esta causa, será juzgado por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez.

calificación fiscal

La Fiscalía sostiene en sus conclusiones provisionales que el procesado mantenía una relación sentimental con S. desde el año 2013, fruto de la cual tuvieron un hijo. Días antes del crimen, apunta el fiscal, la pareja vivía por separado, él con su familia y ella en su domicilio habitual. El mismo día de los hechos, el 1 de junio de 2017, ambos decidieron retomar la convivencia.

El acusado, prosigue la Fiscalía, sobre las 6:30 y las 7:30 horas se encontraba en la habitación de matrimonio con S. y su hijo, de siete meses. El padre, con ánimo de acabar con la vida del pequeño, "le tapó la nariz y la boca". Cuando la madre le recriminó su comportamiento y acudió en auxilio del bebé, recibió por su parte "puñetazos y patadas" y después la tiró al suelo.

El encausado, lejos de atender los requerimientos de su pareja, "apretó la cara del bebé contra su pecho, lo asfixió y lo dejó en el suelo".

Según expone el fiscal en sus conclusiones provisionales, en el momento de cometer el crimen el padre creía recibir mensajes en su teléfono móvil que le decían "que tenía que asfixiar al bebé", "que pronto llegaría el Apocalipsis", "que había una red extranjera compuesta por falsos apóstatas que sabían que el Armaggedon estaba cerca". Y que tal como recibía los mensajes y los aceptaba en el móvil, se borraban.

Sobre las 8:20 horas, el procesado abrió la puerta a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, los cuales se personaron en el domicilio familiar al ser requerida su presencia por una vecina debido a los fuertes golpes que escuchaba, los llantos del bebé y los gritos de S., que decía "que no le pegara más".

El supuesto parricida les explicó a los agentes de la Guardia Civil que "sabía lo que había hecho" y que "lo único que quería era tirarse por la Peña" (expresiones que refirió tanto en el momento de abrir la puerta como en el trayecto hacia el cuartel de la Benemérita).

La Fiscalía precisa en su calificación que el bebé falleció entre las 6:30 y las 7:30 horas el 1 de junio de 2017. "La causa de la muerte fue de naturaleza violenta y a consecuencia de asfixia mecánica por sofocación".

Según las conclusiones de los médicos forenses, argumenta el fiscal, el acusado "presentaba un trastorno psicótico en el momento de los hechos, con síntomas alucinatorios y delirantes". Además, tenía afectadas "las capacidades intelectiva y volitiva, con afectación grave de la capacidad de conocer y anulación de la capacidad de querer".

La madre del bebé, por su parte, tiene reconocida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales un grado de discapacidad del 68% desde el 11 de abril de 2014 y el 5 de junio de 2017, una dependencia moderada (en grado I), discapacidad intelectual leve e hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, pendiente de implante coclear.

Además de la pena de prisión y del internamiento en un centro de salud mental con carácter permanente y revisable, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la madre en la cantidad total de 88.500 euros.