Sanlúcar achaca a una decisión política el traslado del ‘Desafío Doñana’ a Almonte

Tras el anuncio oficial durante este lunes de que Sanlúcar de Barrameda finalmente no acogería el 'Desafío Doñana' en beneficio de la localidad onubense de Almonte, la alcaldesa sanluqueña ha querido anunciar su descontento, sorpresa y decepción por este cambio realizado de forma "unilateral" por la Junta de Andalucía. Para el gobierno municipal, el traslado de localidad “no obedece a cuestiones técnicas ni a falta de gestión de este equipo de gobierno, sino a una clave política electoralista”.

Si bien la pasada edición no pudo celebrarse en Sanlúcar porque la Policía Local no garantizaba la seguridad del evento, para el Ayuntamiento este no es motivo suficiente para que se despoje a la localidad gaditana de la celebración de una prueba que, tradicionalmente y desde su primera edición, ha acogido el municipio sanluqueño.

Pese a la cancelación del 2024, la alcaldesa ha querido dejar claro que "el Desafío Doñana podría haberse celebrado en Sanlúcar.” El PP de Sanlúcar anunció el lunes que el Consistorio no se había puesto en contacto con la Junta para ofrecerse a acoger el evento y, horas más tarde, es el gobierno de Carmen Álvarez el que achaca a la administración autonómica de no haber recibido contacto alguno para planificar la prueba. Si la Junta asegura haber hecho “las averiguaciones oportunas” en materia de seguridad , la alcaldesa asevera que deberían haber preguntado directamente al Ayuntamiento porque “no sabemos dónde o con quién ha hecho esas averiguaciones”. “Han hecho daño a Sanlúcar y a sus vecinos”, sentencia rotunda la regidora.

La Alcaldía matiza que podría haber organizado "sin problema" el Desafío Doñana al igual que han acogido con éxito el Rocío o la Feria de la Manzanilla. “Yo hubiese agradecido a la Junta que nos hubiese preguntado antes pero han preferido hacer política con este tema”, puntualizó Álvarez.

Las posible “falta de seguridad” esgrimida por la administración regional ha sido rebatida por el Ayuntamiento con los datos de los servicios extraordinarios "controlados" prestados por la Policía Local este año: 130.000 euros en Semana Santa, 140.000 euros en Feria y entre 30 y 40.000 euros en el Rocío. “El problema es que aquí todo el mundo está haciendo política en clave electoralista mientras este equipo de Gobierno sigue centrado en los problemas de la ciudad”, concluyó Álvarez su intervención.