La reducción de jornada afectaría al 91,8% de los trabajadores del sector privado en Cádiz

Un 91,8% de los asalariados del sector privado, es decir, unos 264.000 trabajadores se verían afectados en Cádiz por la reducción de jornada a 37,5 horas semanales que contempla la propuesta el Gobierno central. Una medida que supone la continuidad del acuerdo firmado el año pasado con los principales sindicatos del país.

“Creemos que tendrá unos efectos muy positivos en el empleo y las condiciones laborales, tal y como lo han tenido la subida del SMI o la modificación de los tipos de contratación que han permitido pasar de un 6% de contratación indefinida a un 34%”, desarrolla la secretaria general de CCOO en Cádiz, Inmaculada Ortega, que apunta que una cuestión fundamental a la hora de sacar adelante esta propuesta ha sido el aumento de la “brecha entre el salario y la productividad de los últimos tiempos”.

Como decía aquella copla de los bisabuelos, las ciencias adelantan que es una barbaridad, pero la sacrosanta jornada laboral de ocho horas no se había tocado desde 1983. Más allá, se venía de 1944 , y de las 48 horas semanales que trajo la Huelga de la Canadiense, en 1919. La jornada semanal de 37,5 horas se traduciría, en cálculo interanual, en 1.712 horas, frente a las 1.826 actuales. En la provincia, la jornada promedio pactada en convenio es de 38,4 horas semanales. En un territorio como el nuestro, que sigue mordido por la estacionalidad y el paro endémico, Ortega anima al “diálogo social”, ya que el tejido empresarial “ha demostrado estar ahí en momentos como el Covid o el apagón”.

"PEDIMOS SENSATEZ Y VISIÓN TERRITORIAL"

“No cuestionamos el objetivo de avanzar hacia modelos laborales más equilibrados –comenta al respecto José Andrés Santos Cordero, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz–, pero subrayamos que este tipo de medidas deben establecerse mediante la negociación colectiva, atendiendo a las realidades de cada actividad y territorio. De hecho, la negociación colectiva en España ya ha conseguido acuerdos flexibles que sitúan la jornada en tramos próximos al previsto por la reforma, sin necesidad de imposiciones legislativas”.

En lo referente al escenario concreto de la provincia gaditana, el presidente de los empresarios recuerda que Cádiz tiene “un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por microempresas y actividades muy dependientes de la estacionalidad, como el turismo, la hostelería o ciertos servicios. En estas condiciones, una reducción de jornada impuesta por norma general y no negociada sector a sector puede traducirse en serios problemas de competitividad, debido a una mayor rigidez organizativa, incrementos no planificados de la estructura de costes, falta de personal cualificado e incluso cierres de centros de trabajo ante la imposibilidad de cubrir ciertos turnos; en definitiva, hay un riesgo grave de que, en muchos casos, sea muy difícil mantener el empleo”.

“En nuestra provincia seguimos arrastrando debilidades estructurales como el bajo nivel de productividad, el reducido tamaño de nuestras empresas y una elevada tasa de desempleo –enumera Santos Cordero–. Por eso pedimos sensatez y visión territorial en la toma de decisiones legislativas. Las reformas laborales deben ayudar a crear empleo y a fortalecer la competitividad, no ponerlas en riesgo”.

No sería la primera vez que una normativa laboral se corrige en beneficio de un sector –como ha hecho recientemente, por ejemplo, la Ley contra el Desperdicio Alimentario, colando una modificación en los contratos eventuales en el campo–. En principio, desde CCOO, se niegan a que haya “una diferenciación entre sectores” aunque, admiten, la propia “ negociación colectiva recoge la posibilidad de diferenciación de jornadas”.

DIFÍCIL CONSENSO PARLAMENTARIO

La jornada de 37,5 horas semanales está lejos, en cualquier caso, de aparecer en el BOE: aún ha de encarnarse y ser aprobada por todos los grupos parlamentarios. Desde Comisiones son bien conscientes de esta cuestión, y por ello “se está realizando una ronda al respecto. Es fundamental que el arco parlamentario esté comprometido con los intereses de las personas trabajadoras”, indica Ortega.

Para el laboralista Íñigo Molina, esta propuesta no tiene pinta de tener mucho recorrido: “Junts es la derecha rancia y paleta, y el empresariado catalán, muy cazurro: dudo mucho que la logren sacar adelante tal y como quieren –opina–. Si prospera y se cumple, esa media hora de menos al día puede tener su peso para muchas personas. Pero mucha gente ya trabaja con jornadas de 37, 5 o menores, y el sector público, con 35. ¿Ha sido entonces una gran mejora? No tanto, pero ese es el juego de Yolanda Díaz”.

Precisamente, la implantación de las 37,5 horas semanales entra dentro de lo que la ministra ha definido como un marco de “modernización del mundo del trabajo” que el Gobierno ha desarrollado en los últimos años. “Realmente, lo que han tenido que hacer es irse adaptando a las normativas europeas e ir introduciendo algunas de las novedades que trae la digitalización en las relaciones laborales –indica Molina–. El Estatuto de los Trabajadores es una norma de 1980 que ha sufrido cuatro grandes reformas, y que se ha reformulado tres veces. La modernización, por decir, ha sido constante. Ahora, en este contexto, habría que ver qué quieren decir con modernización, porque lo mismo es un eufemismo a temer, ya que desde el 94 se han ido precarizando las condiciones laborales”.

La consecuencia indirecta de esta medida sería un ligero aumento salarial (a mismo salario, la hora trabajada cotiza algo más), y “una reducción de la brecha de género”, señala Inmaculada Ortega. Además, la normativa introduciría una reivindicación largamente pedida desde CCOO: si un trabajador denuncia que la jornada es mayor, la carga de prueba recae en el empresario.

IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO DIGITAL

La secretaria general de CCOO en la provincia señala también dos claves en la implantación de las 37,5 horas semanales. Por un lado, el establecimiento de medidas adicionales de control por las que no se puede ver reducido el salario ni se pueden tocar los complementos: “Algo que se prevé –asegura–, con disposiciones sancionadoras”. Tampoco se podrán trastocar las jornadas a tiempo parcial: el cálculo se hace según regla de tres, "si tienes a alguien contratado a 20 horas no puedes pasar a 17 de repente".

Y también está el registro digital, no manual – “que es un coladero para el fraude”–. El objetivo es evitar que aumente el tamaño de la gran bestia negra de nuestro mercado laboral: las horas extras. “El sistema –explica Ortega– tiene que ser accesible en cualquier momento, tanto por los trabajadores como por los representantes de los trabajadores”. De funcionar, reconocen en el sindicato, veríamos una hemorragia de horas de trabajo no computado: cada mes, a nivel nacional, se escurren unos seis millones de horas extras de media. Su constatación se traduciría en miles de puestos de trabajo o salarios más altos.

Molina es escéptico respecto a la implantación de registros, especialmente, tras el pinchazo del cacareado control de jornada: un desastre que se debe, principalmente, “a que no ha habido voluntad de implementarlo por parte de las empresas –indica–. El gran problema que ha tenido es que se hacía descansar en la iniciativa y buena voluntad de aquel que saca beneficio de que no se cumpla. Evidentemente, no podía ser otra cosa que un fracaso”.

“Lo digital tampoco es la panacea –apunta el laboralista–, te pueden engañar igual. La cuestión es quién controla y tiene acceso al control de jornada, que debería ser sólo accesible por Inspección de Trabajo, que tiene una plantilla paupérrima que apenas llega a cubrir asuntos graves, con temas que acumulan meses de retraso. Hablar del colapso de la Inspección de Trabajo es como hablar de la salud de un muerto, pero vaya, que es algo intencional que han mantenido todos los gobiernos desde el principio”.