Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, ha detectado en los tres últimos años cerca de 190.000 casos de fraude eléctrico en España. En Cádiz, sólo en el último año, se abrieron 2.579 expedientes de fraude detectándose 14,7 millones de kilovatios/hora defraudados, 2,5 millones de los cuales vinculados a las plantaciones de marihuana.

"Estas cifras evidencian la dimensión de una práctica ilegal que pone en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos, provoca el deterioro de la calidad de suministro de los vecinos y encarece la factura de todos los consumidores. Endesa es consciente de la magnitud del problema y reitera su disposición a colaborar con administraciones, instituciones y fuerzas de seguridad para buscar soluciones" señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.

El fraude eléctrico genera importantes perjuicios en los entornos en los que se produce. Provoca cortes de luz en zonas con alta saturación de casos, incendios y descargas que pueden afectar tanto al que manipula la instalación eléctrica como a los que les rodean con consecuencias muy graves que pueden derivar incluso en la muerte.

Robo de luz para el cultivo de marihuana

Los problemas se hacen especialmente evidentes en las zonas donde se concentra el fraude vinculado a las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas o edificios, conocidas como plantaciones 'indoor'. Los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior indican que en 2021 se decomisaron en España más de 3,3 millones de plantas de cannabis, un 96% más que en el año anterior y un 240% más que en 2018, de los que una parte importante correspondieron a plantaciones 'indoor'.

Además de las plantas en sí, Interior también ha duplicado casi la incautación de marihuana, pasando de 70 toneladas en 2020 a casi 140 en 2021. Una de las mayores aprehensiones de esta droga, tal como refleja el informe, se realizó en la provincia de Cádiz, en concreto en Setenil, en una operación que arrojó un total de 14 toneladas intervenidas.

Durante el pasado año Endesa desmanteló en España, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, en torno a 1.800 fraudes para alimentar plantaciones de marihuana lo que supone una media de cinco cada día. El número de fraudes vinculados a plantaciones supuso el 3,2% sobre el total gestionado el pasado año, pero concentraron el 28% de la energía defraudada, con un incremento interanual del 7,8%, lo que evidencia el alto consumo de estas instalaciones y la distorsión que generan en la red de distribución eléctrica de las zonas donde se ubican.

Consecuencias en el suministro

Cada plantación consume, de media, como 80 viviendas. Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas necesitan electricidad las 24 horas del día y la obtienen mediante enganches ilegales que provocan situaciones de gran riesgo eléctrico. Estas sobrecargas hacen que actúen las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas o incluso centros de transformación afectando a los vecinos de las zonas próximas.

Cada vez que se funde un fusible por la sobrecarga de la red hay que reponerlo para poder recuperar el suministro, pero para realizar el cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, lo que retrasa la recuperación del suministro afectando al conjunto de vecinos. La recuperación del servicio en el caso de incendio de líneas o de centros de transformación es aún más compleja. E-distribución, que opera como compañía distribuidora en Andalucía, lleva años reforzando sus redes para reparar los estragos que provocan estas plantaciones en la red. Cuando en un área se produce mucho fraude, las instalaciones sufren sobrecargas a pesar de que la potencia eléctrica instalada llega a multiplicar por cinco la que necesitarían los suministros con contrato consumiendo a máxima potencia. Como ejemplo, la potencia de electricidad que circula por los transformadores que dan servicio a las zonas con más fraude es hasta diez veces mayor que la que miden los contadores de las viviendas con contrato, lo que da una idea del volumen de enganches ilegales y de la cantidad de energía que demandan.