Los pescadores de Sanlúcar volverán este miércoles al mar de forma provisional

La flota pesquera del puerto de Sanlúcar de Barrameda ha decidido volver al mar a partir de este miércoles, tras dos días de amarre como medida de protesta por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. La decisión llega después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya comunicado que permitirá faenar sin sanciones hasta el próximo 22 de enero, fecha en la que está prevista una reunión con el sector.

No obstante, el regreso a la actividad podría ser solo temporal. Los pescadores deberán decidir en los próximos días si mantienen la normalidad o si retoman el paro a partir del lunes o tras el encuentro en el Ministerio, dependiendo del desarrollo de las negociaciones y de las soluciones que se pongan sobre la mesa.

El secretario general técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, José Carlos Macías, subrayó antes de conocer la decisión que “la última palabra la tiene la flota”, que finalmente decidió retomar la actividad a partir del miércoles. Macías ha recordado que el amarre responde a una “parada de protesta” motivada no solo por cuestiones concretas como el preaviso de entrada a puerto o el registro de capturas desde el denominado “kilo cero”, sino por “la hartura de tantísimo control y tantísimas normas”.

En la misma línea, el patrón mayor de la Cofradía, Antonio Romero Buzón, ha reclamado que “a los pescadores hay que dejarlos trabajar y dejarse de tantas amenazas”, en referencia al endurecimiento de los controles y al riesgo de sanciones derivado del nuevo reglamento.

La flota sanluqueña paralizó su actividad tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de nuevas obligaciones que el sector considera técnica y operativamente inasumibles, especialmente para la pesca de bajura. Entre los aspectos más criticados se encuentran la exigencia de comunicar la entrada a puerto con al menos cuatro horas de antelación y la obligación de registrar y pesar las capturas desde el primer kilo, con márgenes de error muy limitados.

Los pescadores recuerdan que su actividad se basa en mareas cortas, con horarios de entrada previsibles pero condicionados por factores cambiantes como la meteorología, el estado del río Guadalquivir o la disponibilidad del recurso. En este contexto, sostienen que la notificación previa resulta poco realista y que el registro detallado de capturas supone una carga administrativa difícil de asumir en embarcaciones pequeñas, sin personal auxiliar y con espacio limitado, donde la prioridad es la seguridad y la correcta manipulación del pescado.

Una protesta extendida

La situación de Sanlúcar se enmarca en un conflicto más amplio que afecta a buena parte de la flota andaluza y a otros territorios como Galicia. Este pasado lunes, el amarre se ha producido en puertos del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo, como Caleta de Vélez, con embarcaciones de Huelva, Cádiz y Málaga implicadas.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha explicado que no se trata de una decisión colegiada, sino de una reacción adoptada “a la hora de salir las embarcaciones”, y ha insistido en que la normativa europea “nada tiene que ver con la realidad del sector”. Gallart ha advertido de que las nuevas obligaciones añaden una carga administrativa que obliga a los patrones a dividir su atención entre la seguridad, la navegación y tareas burocráticas “que no tienen sentido para la estructura de la flota de bajura”.

En el Golfo de Cádiz, las 120 embarcaciones de arrastre también permanecieron amarradas. Alonso Abreu, presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral (Ayamonte), ha señalado que hay barcos que faenan a apenas media hora del puerto, lo que hace inviable comunicar la entrada con cuatro horas de antelación o pesar todas las especies antes de arribar. “El problema no es el control, sino una burocracia desmedida que no tiene en cuenta cómo se pesca realmente”, ha resumido.

Apoyo de la Junta y el Ayuntamiento

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado su comprensión con el malestar del sector y ha criticado que la nueva normativa “burocratiza aún más” la actividad pesquera. La administración autonómica ha presentado alegaciones y acudirá a la reunión del día 22 con el objetivo de que el Gobierno central defienda a la flota andaluza ante la Comisión Europea.

Por otro lado, Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, también se ha posicionado a favor del sector pesquero de la localidad recalcando que se tratan de unas protestas “justas” frente a las “asfixiantes medidas” de la Unión Europea. "El sector pesquero genera muchísima actividad económica y numerosos puestos de trabajo tanto directos como indirectos", sentenció la regidora.

Mientras tanto, los pescadores de Sanlúcar volverán al mar de forma provisional, a la espera de que el diálogo dé frutos. El sector insiste en que no cuestiona los objetivos de control, trazabilidad y sostenibilidad, pero reclama una normativa adaptada a la realidad de la pesca artesanal, que permita mantener la actividad sin poner en riesgo la viabilidad económica y social de los puertos andaluces.