Provincia de Cádiz

"Es un negocio de los bufetes de abogados"

  • Antonio Montoro, portavoz del colectivo Delphi en UGT, desconfía del actual uso de la Ley Concursal y del trabajo de los administradores concursales

El cierre de la fábrica de Delphi puede ser, tal vez, el caso en el que más tiempo ha sido necesaria la intervención de los administradores concursales. Desde que la factoría de Puerto Real cerró en febrero de 2007, con la preceptiva declaración de quiebra, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz aprobó el concurso de acreedores y, desde entonces, primero tres y hoy dos profesionales reconocidos son los que se encargan de gestionar el presente y el futuro de los activos de esta planta.

Si bien es cierto que fue el comité de empresa original el que gestionó el cierre y los primeros contactos con estos administradores, han sido los portavoces de los cuatro sindicatos (CCOO, UGT, USO y CGT) los que han visto la cara menos agradable de este trabajo.

Antonio Montoro es representante de UGT, su portavoz en este colectivo, y además responsable autonómico del Metal del sindicato ugetista. Por eso, no sólo tiene la visión del caso Delphi. También la de los Astilleros de Huelva o la de Santana.

Hoy, Montoro lo tiene claro: "Lo de los administradores concursales no es más que un gran negocio de los bufetes de abogados", asegura. Y sostiene su opinión en la experiencia de varios años de negociación con ellos por el asunto Delphi.

"El concurso de acreedores es un atraso, sólo favorece a las grandes empresas que, cuando se ven en este conflicto, acaban llevando a la ruina a las pequeñas empresas que dependen de ellas, porque se paralizan los pagos y es la pescadilla que se muerde la cola". Por eso, para Antonio Montoro, es urgente que se examine con detenimiento la Ley Concursal y, después, renovarla.

Sobre el trabajo de los administradores en el caso Delphi, el representante de UGT admite que, aunque el trato entre ambas partes ha sidosiempre correcto, "la realidad es que no ha habido nada positivo ni para los afectados, que son los extrabajadores, ni para los acreedores, y ahí están las pruebas, con una orden de derribo pendiente". "El caso es que ellos siguen cobrando y, a nivel personal, he llegado a pensar que a alguien le interese que el conflicto se alargue, porque mientras ellos siguen cobrando", finalizó Montoro.

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