El juicio a la pareja de nacionalidad alemana y cubana acusada de estafar y maltratar a varios ancianos a los que supuestamente cuidaban en la bautizada como 'casa de los horrores' de Chiclana ya tiene fecha. La vista se celebrará los próximos días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Audiencia Provincial de Cádiz. El tribunal encargado de juzgar el caso será el de la Sección Cuarta.

La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados la pena total de 19 años de cárcel. Plantea para cada encausado 12 años de prisión y el pago de una multa de 21.600 euros por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público; tres años de cárcel y cinco años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de una de las víctimas por el delito de maltrato habitual, y un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de dicha perjudicada por cada uno de los cuatro delitos de lesiones que les atribuye.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido que ambos procesados, identificados como E.M.R. y M.A., indemnicen a la citada víctima en un total de 852.642 euros, así como que indemnicen de manera solidaria al Estado español en la cantidad de 156.470,22 euros por las cantidades de las que supuestamente dispusieron de forma indebida.

El fiscal presentó su escrito de acusación tras el auto de 29 de noviembre de 2019 en el que el juez instructor indicó que, “a la vista de las diligencias practicadas”, se deducía que la pareja “se habría prevalido de la situación de vulnerabilidad” en la que se encontraban dos ancianas a las que supuestamente cuidaban para acudir a un notario de Cádiz con el fin de que la procesada “quedara instituida como heredera universal en la herencia” de una de las abuelas.

Según precisó el instructor, mientras la anciana vinculada a dicha herencia estaba ingresada en una clínica, los acusados habrían trasladado a la otra afectada en un coche hasta la ciudad de Cádiz, donde tenían previsto acudir a un notario “a fin de que éste autorizara las escrituras que habían concertado previamente”. Por lo tanto, la mujer desplazada firmó las escrituras como si se tratase de la anciana ingresada.

En su auto, juez instructor añadió que las pesquisas practicadas revelaban que los investigados “podrían haber llevado a cabo actos similares desde septiembre de 2007, momento en que dejaron de trabajar para la residencia de ancianos en la que prestaban servicios por cuenta ajena en la isla de Tenerife”.

Asimismo, tras estudiar las cuentas y propiedades de la pareja, el magistrado llamó la atención sobre su elevado poder adquisitivo. Así, el valor total de los bienes de la acusada es de 331.000 euros; tiene además 1.005.699,66 euros en cuentas corrientes y ha recibido 58.293,195 euros de rendimientos del trabajo. Mientras, su pareja cuenta con bienes valorados en 185.000 euros, dispone de 808.295,91 euros en cuentas corrientes y más de 58.000 euros por rendimientos del trabajo.

Para el instructor, existió una verdadera intención criminal por parte de los investigados, quienes se prevalían de la situación de vulnerabilidad de las ancianas para obligar a éstas a otorgar poderes a su favor y, con ello, "conseguir desplazamientos patrimoniales de grandes cantidades de dinero o activos inmobiliarios”.

De este modo, ambos encausados “vendrían a gestionar tales bienes en su propio beneficio, sin dar cuenta alguna de su gestión a los poderdantes y logrando una completa confusión entre el patrimonio que se habían obligado a gestionar y el suyo propio”, tal y como supuestamente resulta de las “numerosas transferencias de dinero y bienes inmuebles que realizaron los procesados.

Un estado de salud "deplorable"

El instructor también hizo referencia al caso de la anciana a la que suplantaron la identidad ante notario. La mujer, ya fallecida, ingresó en el Hospital de Puerto Real el 14 de octubre de 2017 “en un estado deplorable de salud”.

“Si bien no es posible articular una relación de causalidad entre el fallecimiento de esta mujer y los cuidados deficitarios que presuntamente recibió de los investigados, resulta llamativo que la anciana ingresara en el hospital en un estado lamentable de salud para posteriormente experimentar una mejoría que se mantendría hasta su fallecimiento", mantuvo el juez en su auto.

Así, los informes médicos forenses determinaron que las lesiones que presentaba la anciana al ingresar en el hospital consistían en desnutrición, deshidratación y déficit de higiene. El 19 de noviembre de 2018 se le realizó una exploración donde “ya no tenía esos síntomas”. "Es evidente que su situación mejoró desde que no estuvo bajo el cuidado de los investigados”, concluyó el juez instructor.