Cuando el Grupo Jale, propietario de numerosos hoteles en Andalucía, entre ellos Duques de Medinaceli y Monasterio San Miguel en El Puerto, se vio abocado a recurrir al procedimiento concursal tenía una deuda de 380 millones de euros y contaba con 1.400 acreedores. Era un auténtico gigante concursal que se acabaría por convertir en el mayor dolor de cabeza para el juzgado de lo mercantil de Cádiz, que ha tenido ya que dirimir cerca de 500 incidencias y, según reconoce la titular del juzgado, María del Castillo Mendaro, no se le ve fin ni a corto ni a medio plazo.

El caso Jale ilustra hasta qué punto puede complicarse un procedimiento concursal. Siete años después, los acreedores, hartos de no cobrar, se han constituido en asociación y son enormemente críticos con la gestión de la administración concursal. Su presidente, Gabriel Amador, era el propietario de la constructora Ergamasa, a la que Jale no pagó 1,2 millones de euros, lo que supuso, a su vez, que ellos también tuvieran que entrar en proceso concursal. Los grandes concursos generan un efecto dominó que se acrecienta según se prolongue el proceso en el tiempo. Si Jale no paga a sus proveedores, los proveedores tampoco pagan a los suyos y así sucesivamente.

Amador explicaba el pasado enero cómo se habían sucedido los acontecimientos: en 2012 el que fue presidente de Jale, José Antonio López Esteras, propone un convenio con los acreedores que éstos ven con buenos ojos. Sin embargo, para su sorpresa, los administradores concursales recomendaron al juzgado que no fuera aprobado ese convenio y la juez, Nuria Orellana, aceptó la opinión de los administradores. De este modo, se abortó la posibilidad de convenio y Grupo Jale fue a la liquidación. "Desde el inicio de los concursos en el año 2008 los acreedores no hemos recibido propuesta de convenio alguna que garantizase una ruta a seguir para el cobro de lo que se nos adeuda. Dicha propuesta existía y fue maliciosamente apartada con el fin de llevar a las empresas del Grupo Jale a liquidación", explican desde la asociación de acreedores.

Este concurso se ha visto rodeado de polémica desde sus inicios. Los administradores iniciales tasaron el valor patrimonial de la firma en 700 millones de euros. Esto supuso, según los acreedores, que a los administradores les correspondiera una cuantiosa retribución de unos cuatro millones y medio de euros. Por lo autoasignado a un solo administrador, Ergamasa hubiera podido continuar su actividad empresarial. El cobro de estas cantidades hizo que la juez Orellana destituyera a tres de ellos. Estos tres administradores eran Tomás Torres, Alejandro Bengio y Daniel Pastor, éste último conocido auditor y organizador de congresos de formación para administradores concursales a los que acudían jueces de lo mercantil.

Orellana sustituyó a los administradores por abogados de firmas multinacionales de la consultoría, Price Waterhouse y Ernst & Young, con los que a los acreedores no les ha ido mejor. El ex presidente López Esteras pidió en 2013 que fueran sustituidos y lo argumentó del siguiente modo: "Han demostrado una total falta de imparcialidad; que su único interés es la liquidación del Grupo Jale; mala fe en perjudicar al resto de las empresas del Grupo Jale no concursadas; así como una total connivencia con otros actores del concurso contraria a la Ley Concursal. No han entregado el dinero facturado por las gestoras de los hoteles Jale, dejándole por el contrario grandes deudas de proveedores de materias primas y suministros. No han querido reclamar millonarias cantidades de dinero que se deben a las concursadas. Han secuestrado el gobierno de la concursada y también secuestraron durante nueve meses el mandamiento judicial de sus nombramientos para con ello blindar las inscripciones en el Registro Mercantil". El último paso de López Esteras ha sido querellarse contra los administradores.

Además, la asociación de acreedores intenta que el representante de los acreedores, que no es otro que Banesto, explique su proceder: "La actuación de Banesto ha distado mucho de la que debiera haber llevado a cabo como garante de los intereses de los acreedores. La inacción de Banesto ha contribuido a que los acreedores del Grupo Jale no hayamos cobrado aun nuestros créditos. No obstante, Banesto sí ha cobrado su crédito ordinario como administrador concursal".

Además, la asociación también ha acudido al marco penal, al denunciar en muy duros terminos tanto a la jueza de los concursos como a los administradores: "Las irregularidades detectadas en la tramitación de los concursos de Jale nos hacen suponer la existencia de una presunta trama, llevada a cabo mediante conductas presuntamente prevaricadoras, con el fin de vaciar las arcas de las empresas concursadas en interés propio, sin atender al fin mismo del concurso, que no es otro que conseguir que los acreedores cobremos nuestros créditos".

Mientras se produce toda esta maraña legal, el símbolo del Grupo Jale en El Puerto, el complejo Las Beatillas, exhibe un abandono que es la mejor imagen del fracaso de este concurso.