El interventor general del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López Fernández, considerado responsable subsidario en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas a raíz del robo millonario de la caja municipal de La Isla, ejerce también desde enero la función interventora del Consorcio Bahía de Cádiz.

Su nombramiento coincide con la reactivación del ente para impulsar una nueva gestión del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos urbanos entre los distintos ayuntamientos. Fue planteado el 17 de diciembre de 2012 a propuesta del presidente del Consorcio Bahía de Cádiz y con la autorización expresa del alcalde de La Isla y presidente de la Diputación, José Loaiza.

Por ejercer las funciones de interventor del Consorcio, una vez que se consuma su reactivación, José Antonio López Fernández recibirá una gratificación mensual de 1.212,20 euros, según la cifra que consta en el informe elaborado para garantizar la viabilidad del ente, en el que se fijan los costes anuales estimados para recursos humanos. Un documento de mediados del pasado marzo.

Aunque este tipo de nombramientos constituyen una práctica habitual en el funcionamiento de los entes consorciados, lo llamativo de este caso es la anormal situación de este funcionario, al que el Ayuntamiento de San Fernando le reclama hasta 105.847 euros como responsable subsidiario por el robo de 7,8 millones detectado en la caja municipal de las oficinas locales del área de Hacienda. El Tribunal de Cuentas, de hecho, ha fijado la fecha del juicio para el próximo 19 de junio tras una vista previa que se celebró el 20 de marzo.

El interventor, junto a su precedesor en el cargo, la tesorera y los dos últimos alcaldes isleños, fueron incluidos en la demanda que los servicios jurídicos de la Diputación Provincial encargados de la defensa de los intereses municipales presentaron en el pasado mes de septiembre.

La demanda, avalada por el Gobierno municipal, justificaba la petición de responsabilidades, aun subsidiarias y con carácter atenuado, ante "la falta de control y dejadez en sus funciones de los órganos superiores del área de Economía y Hacienda", con lo que insistía -e incluso parafraseaba literalmente- las conclusiones de la investigación policial llevada a cabo a raíz de la desaparición del dinero de las arcas municipales.

Aludía el Ayuntamiento en esta demanda a "irregularidades" observadas en los arqueos extraordinarios y dejaba bien claro que el robo podría haberse detectado años antes si se hubieran cumplido los mecanismos de control de los que tesorera e interventor eran responsables.

No obstante, también reitera explícitamente su plena confianza en ambos funcionarios, "que permanecen en sus puestos sin que se les haya incoado procedimiento disciplinario alguno ni solicitado información reservada", aunque admite que sus funciones "no se han desarrollado de un modo uniforme durante el periodo estimado de producción del alcance".

Por su parte, el interventor (y también la tesorera) se han defendido de su inclusión en el proceso contable alegando ante el Tribunal de Cuentas que el robo sistemático de la caja era de todo punto imposible de detectar habida cuenta del retraso que arrastraba la contabilidad municipal del Ayuntamiento isleño y de la multiplicidad de organismos autónomos que existían en la Administración local, una situación que -asegura- le desborda de trabajo y a la que hay que sumar la falta de medios y recursos humanos y materiales a la que tiene que hacer frente.