"El juez, para ser imparcial, no puede ser a la vez árbitro y principal jugador"

"El juez, para ser verdaderamente imparcial, no puede ser a la vez, como viene siendo hasta ahora, árbitro y principal jugador", sostiene el fiscal Ángel Núñez, quien considera "necesario" un modelo de enjuiciamiento penal que atribuya la dirección de la investigación al fiscal.

"Es totalmente necesario para homologar nuestro sistema de enjuiciamiento con el de los países más avanzados de nuestro entorno y, además, entraña evidentes ventajas para el ejercicio del derecho de defensa", afirma Núñez.

Ángel Núñez, que fue asesor de Francisco Caamaño en el Ministerio de Justicia, formó parte de la comisión de redacción del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. La comisión acaba de presentar su trabajo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El texto recoge la propuesta de poner la instrucción en manos del fiscal.

"La vigente y vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1885 se ha convertido, después de más de sesenta y seis modificaciones, en un texto desarticulado, un monstruo de Frankenstein procesal, hecho de injertos, que resulta totalmente insuficiente para atender las actuales exigencias de la justicia penal, tanto desde el punto de vista de la eficacia, como desde el de las garantías de los derechos fundamentales", explica Núñez.

"La instrucción", añade, "como consecuencia de que es el juez quien la dirige, ha dejado de ser una actividad de mera preparación del juicio oral, y por tanto subordinada a ese momento culminante del procedimiento, y ha experimentado a lo largo de los años una transformación inflacionaria, tanto desde el punto de vista de la duración, como de la acentuación de su valor probatorio en detrimento del juicio oral".

Con la dirección de la investigación por el fiscal, indica Ángel Núñez, se consigue que esta fase, cuya duración se limitaría temporalmente, recupere su verdadero sentido meramente preparatorio del juicio. "Además", señala, "lejos de suponer menos control judicial de la investigación, supondrá su reforzamiento, porque el juez potencia su imparcialidad".

"Se trata, en suma", explica Ángel Núñez, "de que el juez asuma verdaderamente la misión que la Constitución le atribuye: asegurar, desde una posición de plena imparcialidad e independencia, la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, incluida la realización de las garantías procesales. Para ello, ha de ocupar una posición preeminente como órgano ajeno al interés deducido en el proceso. El juez, para ser verdaderamente imparcial, no puede ser a la vez, como viene siendo hasta ahora, árbitro y principal jugador. De esta forma, la investigación la dirige el fiscal, sí, pero el proceso de investigación es controlado por el juez".

La dirección de la investigación en manos del fiscal, agrega Núñez, "favorece el garantismo en la medida en que necesariamente llevará a distinguir entre aquellas diligencias de investigación, las menos, que pueden llevar a efecto por propia iniciativa la policía judicial, aquellas otras que se someten a la necesidad de autorización del fiscal, y, por último, las que requieren de autorización judicial, que se someterían a un régimen más estricto".