La hija de Ricardi quiere incapacitarlo

Rafael Ricardi Robles, el preso portuense que estuvo cerca de 13 años encarcelado por una violación que no cometió, tuvo ayer que volver al Juzgado. El portuense, al que el Estado le ha reconocido la mayor indemnización dada en España pro un error judicial, algo más de un millón de euros, se enfrenta ahora a una nueva batalla con la Justicia.

Otra lucha más que, por increíble que parezca, resulta aún más dolorosa para él que la que libró para conseguir que se probara su inocencia.

Ricardi debe someterse ahora a un nuevo proceso judicial que determinará su capacidad para gestionar su patrimonio. Un proceso que no ha sido instado por la Fiscalía, tras la puerta que abrió en ese sentido la Audiencia Nacional, que, al duplicarle la indemnización inicial concedida, de 555.600 euros, urgió al Ministerio público a iniciar un proceso para incapacitarlo alegando, entre otras cosas, que su estado mental era el de un niño, sino por su hija, Macarena Ricardi.

Macarena, que, cuando la Policía anunció en abril de 2008 que Ricardi era inocente, que llevaba más de 12 años encarcelado por una violación que no había cometido, que los auténticos culpables eran dos jerezanos, autores de las diez violaciones perpetradas en municipios de la Bahía entre los años 1995 y 2000, comenzó a luchar para lograr que su padre saliera d e la cárcel, y que, tras ser excarcelado, tres meses después, se lo llevó a vivir con él, ha acabado presentando una demanda para requerir la incapacitación de su progenitor.

El juicio se celebrará el próximo mes de septiembre, aunque ayer por la mañana, en el Juzgado 3 de El Puerto, se celebró una vista para abordar la necesidad o no de adoptar algún tipo de medida cautelar hasta que la situación personal del portuense sea determinada en el referido juicio.

De ahí que Ricardi tuviera que comparecer como testigo a esa vista, una sesión en la que tuvo que responder a numerosas cuestiones, entre otras, qué dinero se ha gastado ya de la indemnización percibida (todavía no le han pagado la segunda parte) ) y bastantes otras más relativas a su más estricta intimidad.

Según ha podido saber este diario, el abogado de Macarena Ricardi, Enrique Montiel Arnaiz, solicitó que a Ricardi le sea nombrado un defensor judicial, y que este cargo sea asumido por la hija. Con ello, Macarena intentaría evitar que su padre pudiera dilapidar su dinero sin asegurarse suficientes recursos para su vejez. La Fiscalía se opuso a esta medida, si bien, según las fuentes consultadas, habría abogado por una mediación imparcial. Y el abogado de Ricardi, Juan Carlos Jiménez Fernández, que llevó su reclamación patrimonial con los letrados Antonio Alba y Juan Domingo Valderrama, por su parte, rechazó en sala frontalmente cualquier medida al considerar que el portuense tiene "plena capacidad para gobernarse".

La juez, escuchados todos los testimonios y las peticiones de las partes, deberá emitir ahora una resolución.