Provincia de Cádiz

El gobierno apuesta por revisar el acuerdo de la Huerta de la Compañía

  • La junta de gobierno dio ayer su visto bueno a la adquisición de estos suelos a desarrollar por el Obispado según el convenio de 2005, que contempla allí un centro de estudios superiores

Terrenos de la Huerta de la Compañía, en una fotografía del pasado verano. Terrenos de la Huerta de la Compañía, en una fotografía del pasado verano.

Terrenos de la Huerta de la Compañía, en una fotografía del pasado verano. / nacho frade

El Ayuntamiento dio ayer un paso fundamental para afrontar en el futuro el desarrollo de los casi 100.000 metros cuadrados de suelo destinados en su mayor parte a equipamiento que ocupan los terrenos de la Huerta de la Compañía. La junta de gobierno local dio el visto bueno a la aprobación definitiva del proyecto de adquisición de los terrenos que se extienden en las proximidades del acuartelamiento de Camposoto completando así un expediente iniciado en 2015 a partir de lo establecido por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para el gobierno municipal se trata sin duda alguna de unos suelos que tiene un gran valor dado que se encuentran a escasos metros de los límites del Parque Natural de la Bahía y de la playa, una zona -precisamente- en la que el gobierno municipal tiene puestas sus miras para impulsar el anhelado desarrollo turístico con el que espera relanzar la actividad económica del municipio.

Lo primero, no obstante, será sentarse a negociar con el Obispado de Cádiz y Ceuta los términos del convenio suscrito con el Ayuntamiento en el año 2005, un acuerdo que sigue vigente y en virtud del cual el Consistorio tendrá ahora que poner a disposición de la Iglesia Diocesana estos suelos durante 75 años para que ésta pueda afrontar su desarrollo, que pasa -eso dice el convenio- por impulsar un complejo universitario de carácter privado y otras instalaciones complementarias.

Es lo que establece el procotolo acordado hace 13 años y que de entrada -admite el Ayuntamiento- hay que cumplir. La situación, no obstante, ha cambiado radicalmente en todo este tiempo, por lo que este proyecto que inicialmente estaba previsto que se llevara a cabo resulta ahora bastante díficil de desarrollar. Las prioridades son distintas y la capacidad del Obispado para hacer frente a tamaña operación urbanística también. Sobre todo porque el convenio impone una serie de obligaciones a cumplir en un plazo muy concreto -seis años- que pueden convertirse en una auténtica carga. De ahí que desde el Ayuntamiento se apueste por abrir de nuevo el diálogo con respecto a los terrenos de la Huerta de la Compañía, para los que tiene también sus propios planes.

Este convenio urbanístico, al igual que otros planteados en esas fechas, fue aprobado en octubre de 2005 mientras se gestaba la redacción del nuevo Plan General. El acuerdo contemplaba el cambio de uso de parte del suelo de la Huerta de la Compañía para destinarlo a residencial. De esta manera, el Obispado, una vez que el Ayuntamiento pusiera a su disposición los suelos, afrontaría el desarrollo urbanístico de la zona -33.740 metros cuadrados- donde se prevé la construcción de más de 150 viviendas, entre pisos y unifamiliares (la densidad que establece el convenio es de 50 viviendas por hectárea).

A partir de ese desarrollo propiciado por el cambio de uso de parte de los suelos, la Iglesia impulsaría también la construcción de un importante equipamiento en la zona: un centro de estudios superiores, un complejo de carácter privado que -según los planes iniciales que en ese momento se dieron a conocer- incluiría también un centro de actividades pastorales y una residencia de estudiantes además de instalaciones deportivas.

Por otra parte, según el convenio de 2005, el Obispado asumiría la ejecución de los sistemas generales y la correspondiente reserva para la construcción de viviendas protegidas. El acuerdo incluye también una cláusula en la que se fija un límite temporal. Seis años de plazo tendría el Obispado para desarrollar estos suelos. De lo contrario, si no lo hace, tendría que indemnizar al Ayuntamiento con 600.000 euros y los terrenos pasarían además de nuevo a ser de titularidad municipal.

De ahí que desde el gobierno municipal se plantee revisar los términos de este convenio entre ambas partes porque se considera que puede ser lo más beneficioso para todos. "Vamos a establecer conversaciones con la iglesiapara conocer su interés en acometer el desarrollo de la zona e ir de la mano para que, en el caso de que no estén interesados, actuar desde el Ayuntamiento y contemplar en primer lugar un uso del suelo de manera provisional, con proyectos sostenibles que aprovechen los valores naturales de este suelo mientras paralelamente vamos trabajando en los proyectos residenciales y de equipamiento que la ciudad necesite para la zona", explicaba la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, a través de un comunicado.

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