En la octava sesión del juicio por el caso Uniformes también han presentado sus conclusiones algunas de las defensas, que han reprochado a la acusación su "desconocimiento" del funcionamiento de la administración local, del funcionamiento de las pequeñas empresas y han solicitado la libre absolución de sus patrocinados.

Manuel Hortas, que defiende a Eva Corrales, Antonio Peña, Montemayor Laynez, Isidro Martín Bejarano, Ismael Puyana y a su esposa, entre otros acusados, ha destacado que la acusación no ha tenido en cuenta "el principio de buena fe y confianza mutua entre los miembros del equipo de gobierno", achacándole una pretensión de que estos estén instalados en una "desconfianza perpetua".

En su opinión, a sus clientes se les imputa simplemente el hecho de saber que determinadas empresas no podían contratar con el Consistorio. Sin embargo, la "única referencia con cierta claridad" al respecto son "los vales de pequeñas facturas" en los que aparecían teléfonos o direcciones coincidentes entre las entidades, apostillando que "por ello entiende el fiscal que todo son tapaderas para contratar con sociedades de Sánchez".

Hortas ha argumentado la dificultad de que muchos de los acusados pudieran conocer hasta qué punto tenían responsabilidad en las empresas algunos de los procesados, refiriéndose a las interpretaciones contradictorias del propio consejo consultivo de las normas que regulan las incompatibilidades y prohibiciones de contratar.

Asimismo, ha cuestionado que la acusación presente a Isidro Martín Bejarano como una persona "incapacitada para llevar una empresa" para situarlo como testaferro de Sánchez. En cuanto a Montemayor Laynez, ha dicho que no era administradora de las sociedades -requisito que, según ha afirmado, supondría incompatibilidad- y ha atribuido a una cuestión de "amistad" o "humanidad" cualquier gestión que haya podido hacer "en auxilio" de Martín Bejarano o la esposa de Sánchez.

Entre otras cuestiones, ha destacado que no hay en la causa "ningún informe justificado" que acredite la prohibición de adjudicar contratos a las sociedades implicadas en el caso y ha cuestionado el rigor de las pruebas de la acusación para demostrar los ilícitos que atribuye a sus patrocinados.

Manuel Hortas ha sostenido que en todo momento "han actuado en la absoluta convicción de que se cumplía la ley" -como ha apuntado que se demuestra con las ausencias en las votaciones en Junta de Gobierno Local "por indicación del secretario"-, aseverando que en ningún caso se ha pretendido "transgredir la norma de forma clara, burda y flagrante".

De otra parte, también tomó ayer la palabra el letrado Juan Pedro Cosano, defensa de Juan Antonio Liaño y Auxiliadora Delgado, a la fecha de los hechos, concejales populares en el Consistorio. El abogado ha señalado "las pocas alusiones y las etéreas imputaciones" que pesan sobre sus representados, a los que exculpa de mantener una actitud prevaricadora.

Esta defensa entiende que "formalizar contratos para comprar unos simples monos o unos tornillos sin un informe jurídico previo no es delito", apostando así por el principio del intervención mínima. "El Derecho Penal está reservado para conductas más graves", ha subrayado tras recordar que existen "otras jurisdicciones" para resolver ciertos asuntos.

Cosano ha indicado que un político, "que trabaja 18 horas al día por su elevado volumen de tareas", no puede si no "confiar" en la tramitación de los procedimientos que realizan los técnicos. Por último, ha defendido el honor de Liaño y Delgado, el primero, "con más de 20 años de trayectoria política" y éste único "tropiezo" con la Justicia. Sobre Delgado ha recordado que está fuera de la política desde hace casi una década.