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Medio ambiente

La gestión de la basura de más de 361.000 habitantes, cerca del colapso

  • Los impagos municipales, el desacuerdo sobre una tasa única y un consorcio provincial inoperante empujan a la planta de Las Calandrias, en Jerez, al "bloqueo técnico y económico".

En el mejor de los casos, si llega a cumplir los 80, habrá generado al final de su vida más de 40 toneladas de desperdicios a razón de unos 550 kilos de residuos al año. Un inmenso trailer de basura que deja de ser suyo y pasa a ser "propiedad" de su Ayuntamiento en cuanto recogen las bolsas de la puerta de su casa. Un contaminante cargamento, el del contenedor gris, denominado de rechazo, que hay que separar, reciclar y tratar por puro sentido común y por imperativo legal autonómico y comunitario mediante un proceso que conlleva un importante coste económico.

¿A dónde va toda esa basura, qué se hace con ella y cómo se gestiona este servicio público?. A tres plantas de tratamiento, recuperación y compostaje situadas en Jerez, Medina y Los Barrios, según se establece en el Plan director territorial de residuos urbanos no peligrosos, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con la participación de los agentes sociales, hoy en su edición 2010-2019. Según este documento, las plantas deberían tener los recursos suficientes para recuperar y regenerar al máximo los residuos, al menos hasta en un 80%, pero en la práctica sólo lo hacen en un 6%, pese a que para 2015, la legislación andaluza establece un 15% y Europa, un 60%, según los técnicos consultados por este periódico. Aunque su funcionamiento ha mejorado en los últimos años, hoy siguen siendo plantas asociadas a vertederos. El problema es generalizado en España, hasta tal punto que la Comisión Europea la ha llevado al Tribunal de Justicia.

El sistema de gestión y tratamiento de los residuos, el servicio público que debe garantizar que la basura se trata adecuadamente, se acerca al colapso en una parte de la provincia, de manera que podría afectar a más de 361.000 habitantes. En el resto del territorio gaditano el sistema es mejorable en mayor o menor medida o ineficaz y reconvertible con urgencia, según se les pregunte a los gestores de las plantas, a la autoridad ambiental o a los ecologistas. Sin embargo, todos los agentes coinciden, con importantes matices, en la necesidad de la refundación y reactivación del Consorcio Bahía de Cádiz como ente supramunicipal que gestione a partir del cobro de una tasa única y finalista que se establezca según el principio de solidaridad entre ayuntamientos. El diputado provincial y responsable de este organismo dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, Bernardo Villar, no ha querido pronunciarse al respecto.

El ejemplo de este modelo de servicio público en crisis, desde el punto de vista de la viabilidad económica, es la planta de Las Calandrias, que da servicio a Jerez, El Puerto, Rota y Arcos. Actualmente se encuentra en una situación al borde del "bloqueo técnico y económico", según reconoció a este periódico su gerente, José Joaquín Portela. Sólo el Ayuntamiento de Jerez, propietario de las instalaciones, le debe a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que la explota (formada por Valoriza y Verinsur) 900.000 euros; El Puerto, otros 164.000 y Arcos 150.000. Los dos primeros consistorios se han comprometido a pagar antes de final de mes, pero el tercero ya ha advertido de que, de momento, no puede hacer frente a esa deuda, aclaró Portela. Si los dos primeros ayuntamientos no cumpliesen con sus compromisos, la planta no podría seguir acumulando basura porque se generaría un grave problema de contaminación, la UTE no podría hacer frente a su actividad y la abocaría al cierre y a la destrucción de 93 puestos de trabajo.

La planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias, inaugurada en 2002, se construyó para recibir alrededor de 220.000 toneladas de residuos al año procedentes de Jerez y de 24 municipios de la Sierra y la Costa Noroeste. Sin embargo, al final solo terminó dando servicio a cuatro de ellos. Los Ayuntamientos no se ponían de acuerdo con la concesionaria sobre el canon fijo y además, debían pagar cada mes un canon variable en función de las toneladas de basura recibidas

Las instalaciones supusieron para la Consejería de Medio Ambiente una inversión de 17,5 millones de euros, financiados gracias a fondos propios y comunitarios, mientras que los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento de Jerez, que encomendó su gestión, en principio a la empresa municipal Aguas de Jerez. Al igual que los portuenses pagaban su tasa por el servicio a Apemsa, los jerezanos lo hacían a Ajemsa, de manera que los ingresos iban directamente a la gestión de la planta, a través de una tasa finalista. En el momento en que desaparecen, lo que paga el ciudadano va directamente a la caja única municipal, de forma que lo que se ingresa por el cobro del recibo ya no tiene esa finalidad. "Entonces, el dinero se pierde, se destina a otras obligaciones municipales", explica a este periódico un técnico experto en el complejo funcionamiento de este sistema. Hasta que se vuelve a pagar. Y vuelta a empezar. Esto suele suceder en el plazo de tres meses, que es el máximo establecido antes de que la gestora de la planta pueda suspender el servicio, previo aviso al Ayuntamiento. Esta práctica es legal y hasta ahora no ha puesto en peligro la prestación del servicio. Pero a juzgar por el diagnóstico del gerente sobre la situación económica de la planta, estaríamos al límite.

A la falta de viabilidad de este modelo, los ecologistas añaden el perjuicio económico que va a causar a los ayuntamientos más pequeños la disminución progresiva de las subvenciones previstas en el Plan de financiación de los servicios municipales de transferencia, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos aprobado por la CorporaciónProvincial para el periodo 2012-2015. Si el primer año de vigencia del Plan de Asistencia Económica de la Diputación a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las ayudas llegaron a 1,5 millones de euros, en su último año han quedado reducidas a 750.000 euros.

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