Uno de los funcionarios alega que sus superiores conocían el desajuste

Las palabras de Clemente Ruiz, uno de los dos funcionarios del Consistorio isleño imputados en un presunto delito de malversación de caudal público entre los meses de enero y marzo de este año valorado en 468.000 euros, sonaron firmes y serenas en su primer encuentro formal con su abogado, Ignacio Quintana, el pasado jueves. Por primera vez, letrado y cliente se sentaban en la misma mesa para intercambiar impresiones. Quintana, con el que este periódico se ha comunicado en otras ocasiones, insistía en el estado anímico del acusado. "Está muy tocado, pero lo tiene claro", explicaba.

Tiene claro, por ejemplo, que el desfase en la Caja municipal de la Delegación de Economía y Hacienda llevaba tiempo produciéndose. Y que el importe ascendía a una cuantía millonaria. Tiene claro, alega, que informó a los superiores -siempre de forma verbal, nunca por escrito- de este descuadre en numerosas ocasiones. Como reacción a estas afirmaciones obtuvo siempre la misma respuesta. Según Ruiz, éstos le explicaron que el desfase no era tal, sino que las cantidades que faltaban estaban recuperadas por otro lado mediante valores, avales y activos municipales.

Y por último, también tiene claro que no son ellos -ni él ni su compañera, María José Lebrero, también imputada- los únicos que tenían acceso al dinero en efectivo de la Caja. "Eso sería tan absurdo como decir que en un banco sólo los trabajadores de ventanilla pueden manejar el dinero", comenta al respecto Quintana. Una conclusión que extrae el abogado fruto de este contacto inicial, en el que, básicamente, tomó nota con detalle de las funciones que desempeñaban ambos funcionarios. Quiere, matizaba, conocer de cerca su tarea contable para dirimir el grado de responsabilidad de su defendido en la desaparición de esta importante suma de dinero.

Otra de las medidas que el abogado va a tomar a este respecto consiste en la petición al juzgado que instruye el caso de la toma de declaración en calidad de testigos a otros responsables municipales. Está aún por determinar a quién se dirigirán estas solicitudes, pero pueden oscilar desde el alcalde de la ciudad, Manuel de Bernardo pasando por la edil de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo, así como la tesorera o el interventor municipal. Esta solicitud se va a cursar, al margen de que la propia jueza o la Fiscalía la realicen fruto de sus actuaciones propias para la recabación de datos.

Por último, Quintana también avanzó su intención de pedir la devolución a su cliente de los ordenadores de la inmobiliaria en la que trabajaba. Porque, sin ellos, el negocio no puede abrir al público. De momento, ni éstos ni los que se encontraban en el domicilio particular de ambos imputados podrán recuperarse, ya que ambos, explicaron fuentes policiales, están siendo investigados a fondo por el grupo de pericias informáticas de la brigada de la Policía Científica de Sevilla, que tiene el material desde la pasada semana.

Porque el proceso judicial de diligencias previas continúa abierto desde hace ya diez días con la recopilación de datos de la investigación, que se promete ardua y extensa, sobre la que se ha decretado secreto de sumario. Aferrándose a este hecho excusaba un portavoz del Ayuntamiento de San Fernando responder a las manifestaciones de Clemente Ruiz. Esperarán, así se lo recomiendan sus abogados, a la resolución del caso para pronunciarse al respecto en cualquier sentido. Las pruebas, asegura, demostrarán quién o quiénes llevan la razón. De momento, silencio. Hasta que la Justicia se pronuncie.