El fiscal pide cinco años de cárcel para Lorenzo Sánchez por el 'caso uniformes'

Quince días después de haberse hecho pública la sentencia del 'caso horas extras', en la que Eva Corrales, la saliente alcaldesa popular de Rota, era condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad en documento oficial, sale a la luz el escrito de calificación fiscal por el 'caso uniformes', en el que la exmilitante del Partido Popular (Corrales causó baja la semana pasada) es acusada de nuevo por prevaricación continuada y gestión interesada. Anticorrupción solicita su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo electo por un periodo de nueve años y una pena de prisión de cinco meses por ambos delitos.

Peor parado sale su socio de gobierno durante doce años, el líder de Roteños Unidos (RRUU) y alcalde de la Villa de 2003 a 2010 Lorenzo Sánchez, al que se le acusa de tres delitos: prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad. Se enfrenta así a cinco años de prisión y a la inhabilitación de cargo electo durante doce años.

Tampoco pasa inadvertido el caso de Antonio Peña (PP), el recién investido alcalde de Chipiona, al que el fiscal acusa de un delito de prevaricación mientras fue teniente de alcalde de Rota (desde el año 2003) y miembro de la Junta de Gobierno Local (hasta el 2011).

En total, hay 21 acusados en el 'caso uniformes', entre los que se encuentran -además de los tres políticos ya mencionados- la esposa de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco, y varios funcionarios y cargos municipales del gobierno roteño como Juan Antonio Liaño, Jesús María Corrales y Antonio Alcedo. Los tres estuvieron al frente, en algún momento, de la Concejalía de Régimen Interior y Gobernación con competencias en el departamento de Contratación y Compras.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se centra pues en varios contratos municipales que fueron adjudicados de forma irregular a una serie de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.

El fiscal detalla que, para esquivar la ley, Lorenzo Sánchez y su mujer crearon en mayo de 2008 la sociedad Coanda Costuras, S.L. (que sustituiría a Epis Rotasur y a la Sociedad Cooperativa Coanda) para venderla posteriormente y de forma ficticia a Isidro Martín, un hombre de paja (y de su total confianza) colocado por el matrimonio para aparentar que ellos no tenían interés alguno en la mercantil, cuando en realidad eran los verdaderos propietarios y administradores de la sociedad.

Sánchez, su esposa y otros cargos electos del Consistorio roteño entre el año 2003 y hasta 2012 suscribieron varios contratos de suministro de vestuario laboral con el Ayuntamiento de Rota, fundaciones y demás sociedades mercantiles de capital público (Aremsa, Sodesa y CEEM) a pesar de poseer todos ellos intereses comunes en Coanda Costuras. "Hicieron de las arcas municipales su negocio particular -subraya Fiscalía- llegando a facturar en dicho concepto la cantidad de 790.528, 99 euros".

Las diligencias previas apuntan que "para lograr su propósito, contaron con la estimable colaboración del secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera", quien a pesar de tener constancia de los intereses económicos de los acusados, "mantuvo una posición pasiva, consintiendo las autocontrataciones y no emitiendo informes jurídicos en contra".

De esta forma, de 2003 a 2012 se llegaron a tramitar 958 facturas, todas ellas de contratos menores, esto es, de cuantía inferior a 1.500 euros para así no tener que pasar el filtro de la Junta de Gobierno Local. Sólo requerían de la aprobación del presupuesto y la incorporación de la factura.

Sorprende al fiscal lo ocurrido en los años 2013 y 2014, ya que se realizaron dos nuevas adjudicaciones a favor de Coanda Costuras (una por valor de 18.000 euros y otra por 7.800) a pesar de que ya se habían incoado las presentes diligencias previas por contrataciones irregulares a favor de dicha sociedad y se había tomado declaración como imputado a Lorenzo Sánchez y a Eva Corrales como testigo, entre otros cargos públicos. "Por tanto, desprecian nuevamente y de manera grosera no sólo la normativa administrativa, sino incluso el presente procedimiento judicial", apunta el representante del Ministerio Público.

El que fuera primer edil por Roteños Unidos durante siete años así como varios responsables del equipo municipal firmaron las órdenes de pago del Ayuntamiento a favor de Coanda Costuras S.L. y a favor de otras entidades vinculadas con miembros de la corporación. Eva Corrales, por ejemplo, llegó a firmar cargos en cuenta por un valor total de 51.998,41 euros.

Como "llamativo" califica el fiscal el caso del Centro Especial de Empleo Torre de la Merced. El presidente y administrador único de esta sociedad, desde su constitución, era Lorenzo Sánchez, quien "aprovechando dicho cargo" se autofacturó a favor de Coanda un total de 5.244 euros.

Por otra parte, Sánchez, como presidente de Sodesa (Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota) y María del Carmen Laynez (como consejera delegada) facturaron 20.000 euros aproximadamente, además de emitir multitud de cheques de distintas cuantías.

En Aremsa (Aguas de Rota Empresa Municipal), Sánchez volvía a ser la máxima autoridad y Liaño, Jesús Corrales y Montemayor Lainez, consejeros delegados. En esta ocasión, el montante supera los 500.000 euros a favor de Coanda Costuras.