Provincia de Cádiz

"No entendemos que no se mire por los vigilantes de Defensa"

  • El colectivo inicia con el PSOE una ronda de contactos para denunciar su situación laboral

Empleados de Navantia y de empresas auxiliares se suman a la concentración de los trabajadores de seguridad. Empleados de Navantia y de empresas auxiliares se suman a la concentración de los trabajadores de seguridad.

Empleados de Navantia y de empresas auxiliares se suman a la concentración de los trabajadores de seguridad. / D.C.

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Antonio Gómez Osorio, en representación del medio centenar de vigilantes de seguridad de los edificios de Defensa en Cádiz y en especial de la recién creada Asociación Nacional de Vigilante de Defensa, habló ayer del drama que viven medio centenar de familias gaditanas por la situación laboral que están atravesando estos trabajadores. "No podemos entender que la administración pública no esté mirando por un colectivo muy especial, estamos en un sector militar, trabajando con unas condiciones específicas por tratarse de seguridad, sometidos a alertas nacionales, prestando un servicio muy claro al orden público compatible con las fuerzas de seguridad del Estado" y "la administración se desentiende de los derechos que les corresponden", denunció.

Los representantes sindicales del colectivo ha empezado una ronda de contactos y ayer se reunieron con dirigentes del PSOE. La plantilla de la empresa MARSEGUR viene protagonizando una serie de movilizaciones para protestar "por los niveles de precariedad que vienen padeciendo, ante la aplicación por parte de la dirección de un convenio colectivo que ha sido declarado ilegal en sentencia de la Audiencia Nacional y que mermar sus salarios de manera considerable, hasta el punto de situar su economía familiar en niveles incompatibles con una mínima calidad de vida", apuntó CCOO.

La portavoz adjunta del PSOE de Defensa en el Congreso, Miriam Alconchel, y el portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, anunciaron que e elevarán iniciativas a las Cortes Generales para presionar al Gobierno y plantear la rescisión de los contratos a las empresas de seguridad que incumplan la Ley. Menacho considera "una barbaridad y una vergüenza que el Gobierno permita contrataciones en edificios públicos a unas empresas que incumplen todo tipo de convenio y legislación, vulnerando sus derechos y repercutiendo en la calidad del servicio que prestan". Con una alerta de seguridad nivel cuatro y manejando armas, merecen que "se tengan en cuenta sus reivindicaciones pues no se les puede mandar a la indigencia laboral como pretende la nueva empresa subrogada con el recorte de un 40% de una nómina ya mileurista".

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