La plataforma Salvar El Palmar, que cuenta con más de 19.000 adhesiones en internet y ha consolidado un mínimo nivel organizativo, convoca este sábado la segunda manifestación sobre el terreno para mostrar su rechazo a la construcción del histórico proyecto hotelero de la playa de Vejer. La primera protesta reunió a apenas 25 personas en una jornada laborable y lluviosa de diciembre. La nueva convocatoria está organizada desde hace meses para coincidir con un día festivo de Semana Santa y movimiento de visitantes en la costa. Por eso servirá para calibrar la capacidad de movilización de la plataforma más allá de las "firmas virtuales" cosechadas a espuertas a través de la red social Facebook valiéndose de dos fenómenos: la popularidad de la playa vejeriega en todo el país y la total defenestración del ladrillo.

En el centro de la polémica está el plan para construir un apartahotel en una parcela de 245.000 metros cuadrados delimitada por el arroyo de Malcucaña, en el extremo norte del núcleo de El Palmar, donde existen varios miles de casas ilegales, y junto al paraje natural de Castilnovo, que, paradójicamente, está protegido por el Ayuntamiento de Conil (IU).

Las dimensiones del proyecto urbanístico de El Palmar, al margen de la tergiversación de defensores y detractores, se definen en parámetros que ya han sido aprobados por la Junta de Andalucía: el apartahotel tendrá alrededor de 650 apartamentos de lujo gestionados en régimen hotelero (no son apartamentos turísticos) y distribuidos en varios edificios. Los inmuebles tendrán una altura de dos plantas, bajo más una, y ático en algunos casos.

Aunque será uno de los complejos turísticos con mayor capacidad de la Costa de la Luz, el proyecto de Malcucaña tiene un índice de edificabilidad de 0,15 (metros cuadrados construidos por cada metro cuadro de superficie); una de las tasas más bajas de la costa, y que además es la exigida por la Administración andaluza para espacios de valor natural y paisajístico, como es el caso de Trafalgar.

Los hoteles, por último, estarán separados al menos 200 metros de la costa, tal y como exige la ley, y no taparán el frente litoral -como ocurre en el Novo Sancti Petri, por ejemplo-, no por voluntad del Ayuntamiento ni de los promotores, sino simplemente por una cuestión de espacio: la parcela es perpendicular a la playa.

Al margen de valoraciones, éstas son las características urbanísticas de un plan que no es nuevo. Fue impulsado en 2001 y, desde 2007, cuenta con la aprobación definitiva de la Junta después de haber superado todos los trámites administrativos oportunos. ¿Por qué surge ahora, sin apenas margen de maniobra, un movimiento organizado en contra del plan?

Antonio Morales, portavoz de la plataforma, responde que "es el momento oportuno". "El no al ladrillo es ahora más clamoroso, y el poder de las redes sociales ha permitido articular la reclamación de mucha gente, algo que antes no era posible", razona Morales.

En la página de Salvar El Palmar en Facebook, creada a finales del año pasado, hay una actividad constante. Se cuelgan y comentan artículos periodísticos, cartas, apuntes de blogs, fotos y vídeos. También se venden camisetas con un ladrillo-chancla como logo a 12 euros y se solicitan donaciones en una cuenta para sufragar la campaña: "necesidades materiales y recursos organizativos, desde abogados, arquitectos, urbanistas, proyectos alternativos, dossiers y estudios, a gestiones en Europa", enumera la web.

El portavoz de la plataforma explica que hay "un grupo de diez o quince personas más activo" que está sufragando hasta ahora gastos como la organización de una jornada informativa y la edición de cientos de copias de un folleto de veinte páginas a color, con grandes fotografías, en el que se niegan los teóricos beneficios del apartahotel y se aboga por un desarrollo turístico en torno a pequeñas empresas. "El futuro es crear negocios pequeños que repartan riqueza", opina Morales.

El alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú, que abandera el proyecto desde su origen, insiste en que hay "intereses económicos" en la plataforma y, como ejemplo, denuncia la ilegalidad de los cortijos turísticos (www.nabu-cortijos.es) que el propio Antonio Morales regenta en El Palmar. "No es serio ni defendible que una persona que tiene un negocio ilegal en El Palmar se oponga a un proyecto que es legal desde todos los puntos de vista", arremete. Y si es ilegal ¿por qué no se decreta su cierre? "Así se hará, pero ahora no es el momento porque parecería una represalia contra la plataforma y no tiene nada que ver con eso", sostiene el regidor.

Morales defiende que los inmuebles están en vías de legalización y cuentan con todos los permisos, -"incluido el registro en Turismo"-, salvo la licencia municipal. "Lo hemos intentado todo en el Ayuntamiento pero no nos ofrecen ninguna solución. ¿Qué vamos a hacer?". Y la respuesta la ofrece él mismo: "¿Decir que vivimos aquí y alquilar las habitaciones fomentando aún más la economía sumergida?"

En este conflicto hay dos agentes más. Los promotores (Grupo Tarje y Caja Madrid) se mantienen al margen del intercambio de golpes mientras avanzan en la gestión de un plan sellado por la Junta. Y los vecinos, más preocupados por el acondicionamiento del poblado y la legalización de sus casas que por la construcción del hotel, esperan que al menos los avíos de la mortadelada popular del sábado se compren en El Palmar.