Los empresarios gaditanos ven "bien encaminadas" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este martes aunque esperaban "más agilidad" en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Las medidas están bien pero sobran plazos. Si un comercio con dos trabajadores tiene que cerrar por el decreto del estado de larma, ¿qué más tiene que demostrar para que sea por causa de fuerza mayor?", se pregunta el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.

Según el decreto aprobado por el Gobierno, todos los expedientes de regulación temporal de empleo  relacionados con el coronavirus se consideran de fuerza mayor y se agiliza el procedimiento para que se resuelvan en cinco días, siempre que se aprueben tras la entrada en vigor del real decreto-ley y mantengan el empleo seis meses después de la reanudación de la actividad.

Las empresas que presenten estos ERTE quedan liberadas del pago del 100 % de las cotizaciones sociales que les corresponden si tienen menos del 50 trabajadores y del 75 % si tienen 50 trabajadores o más.

Todos los trabajadores afectados por un ERTE tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Además, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo durante un ERTE no computará a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Uno de los problemas que advierte la patronal es la posible saturación de la autoridad laboral por la avalancha de expedientes. En ese sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado este miércoles que la administración autonómica había recibido casi 1.700 solicitudes.

Para los empresarios gaditanos, la solución habría sido la aplicación del "silencio positivo". En otras palabras, si la empresa no recibe respuesta de la administración, su solicitud se daría por aprobada.

"Si usted no me dice nada en cinco días, silencio positivo", ha señalado el presidente de la CEC, que ha insistido, no obstante, en que la economía se enfrenta a una situación inédita. "No hay un manual ni referentes. Es lógico que se incurran en improvisaciones", afirma Sánchez Rojas, que prevé que habrá una nueva batería de medidas económicas.

Mensaje de cautela

Desde los sindicatos también se está trasladando un mensaje de cautela a los trabajadores porque el decreto tiene lagunas que deben ser aclaradas por los técnicos de Empleo. "Echamos de menos un criterio fijo. No se especifica qué empresas se pueden acoger a fuerza mayor", sostiene Jesús Serrano, secretario general de la sección de Industria de CCOO-Cádiz.

Este punto es clave, ya que si un ERTE es declarado de fuerza mayor, la empresa cuenta con importantes bonificaciones. "¿Qué pasa si la administración dice que no? Hay que tenerlo claro para saber dónde jugar y evitar también que haya competencia desleal entre empresas", señala Serrano. 

Los sindicatos también ven problemas en la tramitación de la prestación por desempleo. Con las oficinas clausuradas, muchos trabajadores se van a encontrar con dificultades para solicitarlas por vía telemática si carecen de certificado digital.

"Si las oficinas del SEPE cierran y sólo los trabajadores con certificado digital podrán solicitar las prestaciones, a ver qué pasa con los trabajadores que no lo tienen", advierte el representante de CCOO. "Estamos en contacto con técnicos de la junta y la SEPE porque hay cosas básicas que no están recogidas", sostiene Jesús Serrano. Desde su punto de vista, es necesario "dejar madurar el decreto unos días" para que las administraciones aclaren los procedimientos a seguir en los ERTE.