El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, considera que el plazo máximo de estancia en el CIE para los extranjeros que llegan a las costas de la provincia de Cádiz en patera es "absolutamente excesivo". Los inmigrantes que son localizados en tierra o rescatados en aguas del Estrecho pueden permanecer un máximo de 60 días en el CIE mientras se tramita la devolución a su país de origen. Privados de libertad. Valiente dijo ayer que esos ciudadanos extranjeros no han cometido ningún delito. "No son delincuentes", afirmó, "y, por tanto, tienen que ser puestos de manera inmediata en libertad, cuanto antes. Cualquier privación de libertad tiene que producirse de manera muy restringida, de modo excepcional y en las condiciones adecuadas".

Pascual Valiente se pronunció ayer así durante la presentación del balance de 2017 de los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita que gestiona el Colegio de Abogados. Hay más de 800 letrados en las nóminas del Turno de Oficio ("un colectivo muy paritario, más o menos un 50% de abogados y abogadas", anotó el decano) que el año pasado se ocuparon de 32.850 procedimientos. Un 11% de esos procedimientos tuvo origen en la defensa de ciudadanos extranjeros. A ello se suma la asistencia en el turno de guardia a 6.170 ciudadanos extranjeros, de un total de 24.000 asistencias.

En muchos casos, la asistencia a extranjeros está relacionada con los expedientes de devolución. Un volumen importante en la provincia de Cádiz, que acoge al 50% del total de los ciudadanos extranjeros que llegaron en patera y que fueron objeto de expediente de devolución.

Pascual Valiente explicó ayer que "se está garantizando la asistencia letrada al cien por cien" a los inmigrantes. "Lo que nos gustaría", dijo", "es tener los medios adecuados para poder ejercer nuestro trabajo en mejores condiciones. La situación actual en la que el número de inmigrantes que están llegando desborda las previsiones está desbordando también los medios para atenderlos".

Para los abogados es "fundamental" tener una entrevista reservada con los inmigrantes, con intérprete, con el fin de conocer muchas de las vicisitudes que son necesarias para poder ejercer el derecho de defensa, comentó el decano. Por ejemplo, con las víctimas de trata. "Para eso", señaló Valiente, "hay que hacer una entrevista reservada con la señora sin que estén delante todos los demás. Para que la señora nos pueda decir si efectivamente ha venido libremente o si ha venido libremente pero tiene que proceder a pagar su viaje ejerciendo la prostitución. Hay que detectar situaciones en las que pueda haber menores, personas enfermas...".

Todo ese exige que el abogado pueda hacer una entrevista, preguntar, indagar. El Colegio de Abogados tiene un protocolo. Los inmigrantes reciben un impreso en el que se les explica en qué consiste el trabajo del letrado y cuál es el interés de esas preguntas que les va a hacer. Es un impreso en cuatro idiomas: español, francés, árabe e inglés.

"Pero desgraciadamente", comentó ayer Pascual Valiente, "la situación actual es que nos encontramos algunos días con centenares de inmigrantes sin espacio suficiente, que además necesitan no sólo una protección jurídica sino una protección física porque vienen en situaciones muy desvalidas, en una situación muy traumática, aunque amparados por la Cruz Roja y otras organizaciones. Ahí la abogacía realiza una labor no sólo jurídica sino también humanitaria. La situación actual exige medios adecuados a las previsiones reales de entrada de ciudadanos extranjeros".

El decano explicó que ahora la devolución es sencilla con los marroquíes porque hay un acuerdo con su país. "En el caso de los subsaharianos, la devolución es muy complicada y en los últimos tiempos no se produce. La mayoría quedan en libertad porque no caben en los CIE. Y no van a ser devueltos antes de 60 días, por lo que deben ser puestos en libertad desde el primer momento".