La defensa de Iván Odero pide que se anulen las pruebas de las escuchas
El conocido narcotraficante de Sanlúcar, en el que se inspiró el personaje de la película de 'El Niño', volvió al banquillo de los acusados junto a otros procesados de su banda
Iván Odero, un traficante de drogas de importante trayectoria en Sanlúcar , tuvo que sentarse ayer de nuevo ante un tribunal. En concreto, ante el de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Aunque esta vez no le tocaba declarar, en esta ocasión aguardó en silencio mientras los letrados de la defensa de los imputados de su banda procedían a exponer sus cuestiones de nulidad. El principal objetivo: tumbar la validez de las pruebas obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas.
La vista preliminar transcurrió con normalidad y sin sobresaltos. No obstante, la llegada de los acusados acarreó algún momento de tensión en los pasillos de la Audiencia. Los familiares no aceptaron de buen grado la presencia de los medios de comunicación e increparon a éstos por un instante. Una pequeña anécdota que no paralizó el transcurso habitual del juicio.
El abogado Pepe Álvarez, quien intervino en representación de uno de los procesados, fue quien expuso durante casi una hora la tesis argumental sobre la que se basarían los restantes abogados de la causa. De tal manera, que éste entendió que el procedimiento tiene unas carencias de rigor basadas en la considerada ilegalidad de los pinchazos telefónicos, autorizados por el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar. "Se infringen requisitos constitucionales, derechos fundamentales", consideró el letrado. En concreto, la vulneración que entienden es la del artículo 18.3 de la Constitución, que es el referente al secreto de las comunicaciones y al artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que protege la vida privada. Bajo el amparo de esta línea, todos se adhirieron a la petición de no admisión de lo que consideran una prueba ilícita. "Es una medida desproporcionada que atenta contra el principio de necesidad", expuso el letrado en la vista oral. También consideró que las escuchas fueron motivadas por conjeturas y que, por otra parte, no dicen nada reseñable para la imputación de los acusados.
Entre otros de los motivos que formularon los abogados defensores en las cuestiones previas figura que la investigación del caso se inicia en 2006 y no es hasta 2009, año en el que cae la banda de Iván Odero, cuando empiezan a aparecer algunos de los nombres de los procesados que se sentaron ayer en el banquillo. Los integrantes de la organización criminal usaban móviles con tarjetas de prepago, un hecho que dificulta la intercepción de la señal. No obstante, según el escrito de la Fiscalía, se probó, gracias a estas actuaciones y a otras investigaciones de las autoridades, que los acusados tuvieron reuniones en conjunto y que existieron conexiones en Marruecos para traer los alijos de hachís e introducirlos en la costa sanluqueña.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, quien pide seis años y nueves meses de prisión para Iván Odero, desestimó los reclamos de la otra parte y reiteró que sobre los tres acusados que ayer presenciaron el juicio como detenidos, los hermanos Iván y David Odero y D.R., pesan claros indicios de pertenencia a organización criminal. La fiscal procedió a enumerar las diferentes pruebas recogidas, fotografías y conversaciones, en el auto de investigación reiterándose en las peticiones de pena para los acusados de su escrito de calificación.
Además, sobre los inculpados en esta causa pesan sospechas de enriquecimiento ilícito a partir de actividad delictiva. La representante del Ministerio Público sobre esta cuestión planteó que Iván Odero y su hermano fueron dados de alta el mismo día por una empresa cuyo propietario es P.J.R., también imputado. No obstante, no se consta que estos acudieran al lugar de trabajo, por lo que se abre la puerta a que se usara como tapadera para justificar la entrada de fondos. El otro detenido en la sala, D.R., no tenía actividad laboral alguna. Unas circunstancias que llevan al Ministerio Público a considerar que hay indicios de delito. La fiscal entendió, por tanto, que las pruebas aportadas debían ser admitidas como válidas.
El juicio continuará su curso el próximo 12 de enero.
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