Más vale tarde que nunca. Ha tenido que pasar más de una década, once años en concreto, para que el Juzgado de Instrucción número 1 de los de El Puerto haya dado por cerrada la instrucción de la llamada 'Operación Tequila', una investigación que comenzó en el año 2006 pero que tuvo su momento más señalado en 2011, con la detención entonces del que había sido en los últimos años del gobierno independiente concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, y el entonces aún jefe de Licencias del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, entre otros.

Ecologistas en Acción, entidad personada en este caso como acusación particular, ha dado a conocer que el juez ha ordenado el traslado de las diligencias previas al fiscal para que se efectúen los escritos de acusación que permitan, al fin, la apertura de juicio oral.

También siguen imputadas la arquitecta Isabel Ruiz y Milagros Trigo

Este caso tiene su origen en la macrodenuncia que presentaron los ecologistas en octubre de 2006 ante la Fiscalía provincial, en la que se denunciaban las tramas de corrupción del gobierno de Independientes Portuenses, presidido por el ex alcalde Hernán Díaz, que gobernaba entonces en coalición con el PSOE. Esta macrodenuncia dio lugar a varias causas judiciales, una de ellas las relacionadas con obras ilegales de ampliación del prostíbulo OH! Puerto (ahora denominado New Palace) y de construcción de numerosas viviendas.

Los ecologistas recuerdan que "según se desprende de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y el Juzgado, en el área de Urbanismo se había constituido una trama organizada corrupta para intentar amparar estas construcciones ilegales". Según consta en el auto del magistrado "de la investigación de la policía judicial realizada se deducen indicios de los investigados en relación con licencias de obras concedidas de forma ilegal por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la construcción del establecimiento OH Puerto y la concesión de la posterior licencia de apertura del mismo. De la investigación realizada se deduce que la tramitación administrativa de las referidas licencias corrieron a cargo de el estudio técnico denominado TEC, del cual Isabel Ruiz Vázquez tramitaba los mismos como arquitecta y Milagros Trigo Pacheco como delineante del ayuntamiento y también tramitadora de las licencias, tal y como obra en la documental. Se considera que las licencias concedidas por el alcalde Hernán Díaz Cortés, en las cuales intervinieron el teniente alcalde y delegado de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez Álvarez y el arquitecto jefe del servicio de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, además de las técnicas del TEC anteriormente mencionadas, podría infringir el artículo 53 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tal y como determina el informe de la policía judicial". Igualmente, de la referida investigación también se deduce la existencia de la misma trama organizada para amparar construcciones ilegales en Pago Rompeserones, Pago de la Caridad y zona Los Perales.

El auto asegura que "Hernán Díaz Cortés era el alcalde que concedió sendas licencias urbanísticas a sabiendas de que no respondían a la legalidad urbanística vigente. Del mismo modo Juan Carlos Rodríguez Álvarez como teniente alcalde delegado de Urbanismo concedía las licencias a sabiendas de la falta de legalidad. Fernando Jiménez Fornell como arquitecto municipal informó favorablemente a las licencias a sabiendas de su falta de legalidad. María Milagros Trigo Pacheco creó un estudio para realizar los proyectos de legalización a sabiendas de que los mismos iban en contra de la normativa urbanística vigente. Finalmente Isabel Ruiz Vázquez intervino como arquitecta para el estudio de la anterior realizando proyectos de legalización a sabiendas de que figuraban en contra de la legalidad vigente". El auto concluye que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Ecologistas en Acción muestra públicamente su satisfacción porque esta instrucción llegue a su fin "y que se pueda celebrar el juicio contra los responsables de esta trama corrupta".