Miedo e incertidumbre, por un lado, e ilusión, por otro. Hay sensaciones para elegir en este inicio de curso de Educación Infantil y Primaria, marcado por las medidas anti Covid justo en pleno auge de la epidemia y por las dudas de profesores y familias, además de las innumerables críticas de sindicatos y de colectivos defensores de la escuela pública. Los 371 centros de la provincia abrirán hoy sus puertas dependiendo de cómo cada uno se ha acogido a la flexibilización propuesta por la Consejería de Educación, ya sea en horarios o incluso en el escalonado inicio de cada ciclo para evitar aglomeraciones y consiguientes contagios, siempre en los cuatro primeros días lectivos como manda la administración educativa. Y en un clima de desconfianza de toda la comunidad educativa hacia la Junta de Andalucía, los equipos directivos de los colegios se han afanado durante el verano, en muchos casos casi sin vacaciones, para tener hoy a punto los centros. Todo ello en medio de una constante readaptación por las consecutivas directrices que iban llegando desde la administración autonómica.

Esto es precisamente lo que critican las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en la provincia. “Los protocolos tienen carencias, demasiado están haciendo los equipos directivos con los recursos que tienen. Llevan trabajando todo el verano para que la Junta emita nuevas instrucciones el 3 de septiembre. Es una falta de respeto al trabajo ya hecho”, destaca la presidenta de Flampa Gades, Marian Gil. Considera además que “hay que valorar que siendo educadores están realizando un protocolo sanitario. Esa responsabilidad no es justa”.

Otra de las críticas de este colectivo radica en que “los grupos-burbuja se romperán cuando los niños van al cuarto de baño, porque no puede haber una persona limpiando cada vez que entra uno, y en los comedores, donde confluyen los alumnos de distintas burbujas. Si hubiera una monitora por cada grupo, no habría problema para controlar los grupos, pero no es el caso. Los colegios necesitan más personal de este tipo”.

Otra de las reivindicaciones de la Flampa, y de la escuela pública en general, ha sido la bajada de la ratio para asegurar el distanciamiento. “Eso se hubiese solucionado con voluntad política. Lo que pasa es que tendrían que contratar muchos más profesores, y eso no quieren hacerlo. Ha cerrado un colegio hace unos meses, la Institución Provincial, ahí lo tienen”, añade Gil. También asegura no entender “que haya un protocolo para dentro de un colegio, con 25 o más niños en una clase, y otro para fuera, donde no se permiten en bares reuniones de más de 10 personas”.

La Flampa, como otras federaciones de AMPAs de la provincia, ha organizado para el jueves y el viernes un plante, para que madres y padres no lleven a sus hijos al colegio y cuelguen, de manera simbólica, sus mochilas en ventanas y balcones. El jueves se conocerá, con los datos de asistencia de alumnos – 34.195 matriculados en Infantil y 79.687, en Primaria– si esta iniciativa ha tenido éxito.

Los sindicatos no se quedan atrás en sus críticas. Así, CCOO ha advertido que “si no se refuerzan las plantillas para garantizar el distanciamiento, se estará haciendo de las escuelas el espacio de mayor propagación de este virus, lo que denota una absoluta falta de responsabilidad por parte del Gobierno andaluz”. Por todo ello, CCOO, de no garantizarse los recursos necesarios para el distanciamiento físico, presentará denuncia ante la Inspección de Trabajo, “porque en los centros educativos muchas aulas de infantil y primaria alcanzan los 28 escolares o más de 30, incluso, en secundaria y bachillerato, esto, en espacios cerrados que no superan los 50 metros cuadrados, lo que supondrá que el alumnado no podrá mantener la distancia mínima”.

Los equipos directivos han trabajado duro en verano para tener a punto los centros

Además, la Consejería de Educación, en opinión de CCOO, “sigue delegando en el profesorado y en los equipos directivos la responsabilidad de la gestión de la pandemia, pretendiendo, sin los recursos necesarios, que el profesorado haga un imposible ante un virus que se transmite principalmente por la proximidad interpersonal”. En consecuencia, “de no haber un claro avance, CCOO denunciará la falta de seguridad ante la Inspección de Trabajo y se coordinará con toda la comunidad educativa andaluza para iniciar movilizaciones contra el Gobierno andaluz por responsabilidad social y educativa, una responsabilidad de la que parece carecer la Consejería de Educación”.

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía y Ustea Enseñanza han convocado una huelga en la educación andaluza el próximo viernes 18 de septiembre para exigir que la Consejería de Educación y Deporte aplique medidas preventivas “reales” en los centros educativos contra el coronavirus, ya que tras tres sesiones de la Mesa Sectorial, la Junta “tan solo ha puesto sobre la mesa la contratación de un número insuficiente de efectivos para garantizar una vuelta segura a las aulas”. Según esta Federación, las medidas para reiniciar la actividad lectiva en los centros educativos “no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía”.

Por su parte, ANPE Andalucía, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía y FeSP-UGT Andalucía han acordado un calendario conjunto de movilizaciones tras considerar insuficientes los recursos materiales y humanos para una vuelta a las aulas con las máximas garantías de seguridad en el marco actual de pandemia. Las acciones reivindicativas que emprenderán conjuntamente estos sindicatos comparten un mismo planteamiento sobre las medidas de presión: no barajan por el momento ante el inicio de curso, una huelga, “atendiendo a un principio de prudencia” y al considerar también que “no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las complicadas circunstancias”.