Eurodiputados abordan en Cádiz el aumento de las agresiones a agentes

La decena de eurodiputados que ha visitado este lunes Barbate se marchó con el encargo de ampliar los efectivos de la Guardia Civil en esta población y de que una de las patrulleras del Servicio Marítimo tenga base en su puerto. Ésa ha sido la petición, entre otras, que les trasladó el alcalde, Miguel Molina, y que se formularon en las últimas reuniones de la Junta Local de Seguridad. En estos encuentros, se han demandado muchos más efectivos en esta zona.

"Vamos a ser todo oídos", aseguró el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca (ECR, Polonia), que lidera esta delegación, antes de reunirse en el Ayuntamiento de Barbate, con su alcalde, Miguel Molina, y, entre otros, con Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes que fallecieron en esta localidad al ser embestidos por una narcolancha en febrero de 2024.

El regidor barbateño expuso al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca (ECR), que “en la última reunión se pidió que tuviésemos una patrullera permanente en Barbate de la Guardia Civil en el puerto, y aparte mejoras en la seguridad con mayores efectivos y mayores recursos para toda esta zona”.

El alcalde matizó que la seguridad es fundamental para todos los municipios, “somos el centro de dos continentes, una zona de paso fundamental y eso es una evidencia que la tienen que reconocer y la tienen que asumir”.

Todas esas peticiones y particularidades de esta población y de la costa gaditana, han sido plasmadas en un dosier que ha sido entregado a este representante del Parlamento Europeo, que en resumidas palabras ha manifestado en polaco, que venía de Europa para saber qué “es lo más importante para ustedes, no vamos a despreciar ninguna opinión. Vamos a recabar información de todo tipo y de primera mano. Hablen con total libertad de los temas más importantes”, concluyó su intervención de apenas cuatro minutos en el Consistorio barbateño.

Junto al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca (ECR), han estado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barbate, Alexander Bernhuber (PPE, Austria), Isilda Gomes (S&D, Portugal), Anders Vistisen (PfE, Dinamarca) y Kosma Zlotowski (ECR, Polonia), mientras que los representantes españoles que han acudido como acompañantes son Maravillas Abadía (PPE), Mireia Borrás (PfE), Nora Junco (ECR) y los andaluces Juan Ignacio Zoido (PPE) y Lina Gálvez (S&D).

Antes de comenzar la reunión, Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, aseguró a las puertas del Ayuntamiento que lo que esperaba de este encuentro era que “se supiese cómo está funcionado aquí la Guardia Civil, sin medios, que se conozca fuera de España, que se entere todo el mundo que los mandaron a la muerte. Que mi hijo lo que estaba cumpliendo era una orden”. “Quiero que se haga justicia”, es una de las cuestiones que les hará llegar a los europarlamentarios. En esta línea, esperaba poder dar voz a su hijo y que “esto sirva para algo”.

Por su lado, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quiso agradecer a la eurodiputada, Mireia Borrás, que estos diputados del Parlamento Europeo estuviesen en Barbate. Tras ello, explicó que “si hay un lugar en España que debía ser un sitio inexpugnable y un castillo infranqueable ante lo que es el narcotráfico, eso debería ser Barbate por lo que sucedió en febrero del año pasado, ese doble asesinato de Miguel Ángel y de David. Desgraciadamente Barbate no es ese sitio hoy en día, que debería de ser. Vemos como el narcotráfico sigue atacando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, incluso a la juez hace unos meses instruyendo este procedimiento”.

Manuel Gavira, siguió explicando que “la consecuencia de todo esto es, que los agentes de la Guardia Civil, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no quieren este destino, y al final eso lo pagan los barbateños, los gaditanos, los andaluces y en el fondo los españoles”. “Por eso nuestro mensaje no va a variar hoy, más medios materiales, más medios humanos, un cambio en la legislación para que de una vez por todas sea reconocida como profesión de riesgo”.

La delegación, integrada por diez europarlamentarios, ha comenzado su viaje de tres días encontrándose en la localidad gaditana con David Gutiérrez, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), que en 2023, antes de los sucesos de Barbate, elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que recibe las consultas o quejas de cualquier ciudadano comunitario, una carta en la que pedía medidas en el ámbito europeo para combatir el odio y las agresiones a las fuerzas de seguridad.

Por la tarde, antes de la reunión, explicaba que la comisión había decidido realizar esta visita a Cádiz quizá "por la importancia mediática" y el impacto que tuvo en la sociedad el asesinato de los dos agentes en Barbate.

"Se podía haber hecho en Marsella, en Munich, o en Varsovia. Por desgracia las agresiones (a agentes) están aumentando en prácticamente todas las capitales y ciudades europeas", ha comentado a los medios.

Gutiérrez decidió trasladar al Parlamento Europeo "el brutal aumento de agresiones a agentes en toda Europa porque "no podemos esperar más, el tiempo de las palabras se ha acabado".

"En el año 2024 se dio el triste récord de la cifra histórica más alta de agresiones contra policías nacionales y guardias civiles en España, más de 16.800, eso significa que más de 1.400 compañeros son agredidos cada mes, eso sucede sólo en España. Pero en Bélgica, en Alemania o en Francia hay números que superan las 34.000, las 19.000, no lo podemos consentir", ha explicado.

En su opinión esto sucede porque "se ha perdido el principio de autoridad", porque "no hay un reproche penal suficiente, porque agredir a los policiales en demasiadas ocasiones sale gratis".

Gutiérrez se ha congratulado de que, a raíz de su petición, el Parlamento cuente ya con un proyecto de directiva europea para que las agresiones sean consideradas eurodelitos, con lo que se endurecerían las penas y la UE marcaría las mínimas que cada estado puede imponer en su legislación.