El alcalde de Chipiona lleva a Fiscalía tres posibles irregularidades detectadas en la Policía Local y contratos municipales

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha anunciado en comparecencia pública la decisión de trasladar a la Fiscalía del Área de Jerez de la Frontera tres expedientes relacionados con posibles irregularidades en la gestión municipal. El objetivo, según ha explicado, es que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El primer expediente tiene relación con un almacén de vehículos que permanecen depositados desde el año 2019. Según ha informado el regidor, tanto la Secretaría General accidental, como el técnico de contratación y la interventora municipal, han detectado posibles anomalías en la facturación del servicio de depósito de vehículos, gestionado bajo la supervisión de un inspector jefe de la Policía Local. La empresa responsable exige ahora al Ayuntamiento el pago de cerca de 300.000 euros. Ante esta situación, el alcalde ha considerado necesario remitir el caso a la Fiscalía para su investigación.

El segundo expediente también está relacionado con el ámbito de la Policía Local, en concreto con la gestión económica de los ingresos generados por la retirada de vehículos mediante grúa. Según Aparcero, los órganos técnicos municipales han requerido en reiteradas ocasiones la justificación de estos ingresos, sin que hasta la fecha se haya completado adecuadamente el expediente. Esta falta de claridad administrativa ha llevado al alcalde a poner también este caso en manos del Ministerio Público.

Por último, el tercer expediente hace referencia al servicio de patinetes eléctricos que circulaban por la localidad. La Fiscalía habría solicitado documentación sobre la existencia o no de un contrato formal entre el Ayuntamiento y la empresa operadora. El alcalde ha confirmado que se ha remitido toda la información requerida, con el fin de esclarecer las circunstancias en torno a este servicio.

Luis Mario Aparcero ha subrayado que su decisión responde al compromiso de su gobierno con la legalidad y la transparencia: “Lo que queremos es que se investigue todo lo que pueda parecer irregular y que quien haya cometido un error o una irresponsabilidad, asuma las consecuencias”, declaró.

Desde el consistorio se ha reiterado que el envío de estos expedientes a Fiscalía no implica acusaciones formales, sino la voluntad de que los hechos sean analizados por la autoridad competente. Por ahora, se está a la espera de que la Fiscalía determine si procede la apertura de diligencias.