CSIF ha lamentado las 259 agresiones a profesionales del SAS registradas en 2022 en la provincia de Cádiz (1.494 agresiones en toda Andalucía) y ha tachado esta cifra de “escalofriante”, al tiempo que ha exigido “que no se pueden normalizar bajo ningún concepto este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”. En 2021 se registraron 196 agresiones, por lo que se ha producido un aumento del 32%. De las agresiones cometidas el año pasado (con datos que la Administración ha dado a conocer esta semana

El responsable del sector de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, ha considerado “estos datos –dados a conocer esta semana por la Administración- ponen a las claras que no hemos salido mejor de la pandemia y que lejos han quedado los aplausos a los profesionales de la sanidad durante el confinamiento”.

En este sentido, “se trata de la mayor cifra de agresiones en los últimos cuatro años, con lo que una vez más ponemos el grito en el cielo porque además hay muchas agresiones todos los días que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas”, ha argumentado.

Desde CSIF Andalucía se ha destacado especialmente que el 36,4% de las agresiones a profesionales del SAS durante 2022, es decir, un total de 544, han tenido que ver con demandas de la personas usuarias, como por ejemplo demandar atención fuera de cita programada, demandar atención para un familiar o exigir un tratamiento distinto del prescrito por el facultativo.

En esta línea, “desde CSIF Sanidad entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia”, ha subrayado Puyana, quien ha insistido en la petición previa a la pandemia del sindicato -y de la que aún se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta- para incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. “Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas”, ha señalado.

CSIF recuerda además que “la Administración Pública tiene el deber básico de proteger el interés público o general y de esta obligación nace ineludiblemente su potestad sancionadora”.

Puyana ha recordado que “la Ley de Salud de Andalucía ordena los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pública y privada en Andalucía, articula el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto a los servicios sanitarios y también recoge este régimen sancionador, que pedimos se desarrolle”.

“Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas, hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad”, concluye el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz.