Advierten del cierre de otro camino público en el término de Grazalema
Ecologistas en Acción señala la colocación de una cancela con carteles que indican peligro "por actividad cinegética" en el tramo del Quejigalillo
El Ayuntamiento de Ubrique es el primero de la Sierra que aprueba un inventario de caminos públicos
Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha denunciado al Ayuntamiento de Grazalema y a la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema el cierre del camino del Quejigalillo por el propietario de la finca Las Albarradas. En concreto, el tramo afectado en esta ocasión corresponde al camino público que discurre desde el Puerto de Boyar y el pueblo de Benaocaz a través del puerto de Las Presillas. La organización ecologista apunta que el cierre se ha llevado a cabo por la propiedad de la finca Las Albarradas, el mismo propietario que mantiene cerrado el camino público del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero. Así, sobre una cancela colocada ilegalmente, se han instalado unos carteles que indican "falsamente que se trata de un camino particular, advirtiendo a las personas que recorren este camino del peligro por actividad cinegética”.
El camino en cuestión forma parte además del Inventario de Caminos Públicos de Grazalema que se terminó en 2019, financiado por Diputación, y que incluye 61 rutas. Desde entonces, el Ayuntamiento de Grazalema tiene paralizada su aprobación.
Este cercado se suma a otros casos "no resueltos de cierre y apropiación de los caminos públicos del Puerto de Boyar al Salto del Cabrero y de Benamahoma a Zahara", indican los ecologistas, recordando que los "caminos públicos son las vías de comunicación que se han utilizado tradicionalmente para transitar personas, caballerías y mercancías entre los pueblos y núcleos de población rural, configurado un patrimonio natural, etnológico e histórico de un enorme valor y trascendencia".
BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
"Los caminos públicos son de titularidad municipal -subrayan-, pero el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos, incluido el de Grazalema, no tenga aprobado ni inscrito en el registro de la propiedad el inventario de caminos públicos dificulta la defensa de esos bienes de dominio público y facilita su cierre y usurpación por los propietarios de las fincas por los que discurren".
Dentro del cuerpo legislativo que ordena la disposición y uso de los caminos públicos, destaca la Ley y 2/2003 de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, que determina que los caminos públicos son zonas de seguridad en los que queda prohibido “con carácter general el uso de armas de fuego”. Por tanto, denuncian desde Ecologistas en Acción, “la Consejería de Sostenibilidad, que autoriza los cotos de caza, debe garantizar que no se cace cerca de los caminos públicos para garantizar la seguridad de sus usuarios, lo que evidentemente no se hace. Esa señalización es innecesaria e ilegal y sólo pretende atemorizar y disuadir a las personas para que no transiten por ese camino”.
Así, Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz pide tanto al Ayuntamiento de Grazalema como a la Junta de Andalucía que se retiren la cancela y los carteles amenazantes, y se garantice el tránsito público por este camino histórico. Así mismo, exige al Consistorio que apruebe el Inventario de Caminos Públicos e inscriba los 61 caminos del término municipal en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, blindándolos así de cierres y usurpaciones.
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