“La Administración no está cuidando lo público y eso se nota en la calle”

Hace un año que Mercedes Amézaga, terapeuta ocupacional de profesión, asumió la Presidencia provincial de CSIF Cádiz. Llega de la sanidad y mantiene plaza fija en el Hospital Puerta del Mar, aunque su día a día transcurre ahora entre mesas de negociación, conflictos laborales, huelgas sectoriales y un panorama que ella misma define como “convulso”. Defiende que los sindicatos “siguen siendo útiles” y que sin ellos “muchos avances no habrían llegado”. Cree que la imagen de los servicios públicos “se ha deteriorado” y alerta del peso de la temporalidad, la falta de personal, la precariedad de algunas plantillas y la necesidad urgente de modernizar la Administración. “Ha sido un año de mucha reivindicación, sin un minuto de tregua”, asegura.

Pregunta.–¿Qué balance hace de su primer año al frente de CSIF Cádiz?

Respuesta.–Ha sido un año muy intenso, mucho más de lo que imaginaba. Ya formaba parte de la ejecutiva anterior y conocía la dinámica, pero justo han coincidido muchos procesos que estaban pendientes desde hace tiempo: la oferta de empleo público, la ley de temporalidad, la subida salarial, la negociación con distintas administraciones… Todo ha estallado a la vez. Hemos tenido que reivindicar en varios frentes simultáneamente. A final de año hemos visto avances importantes, aunque también quedan muchos asuntos en el aire.

P.–¿Cuál diría que ha sido el paso adelante más relevante?

R.–La subida salarial y la recuperación parcial del poder adquisitivo. Desde 2012 llevamos arrastrando una pérdida del 20%. Ahora se ha pactado un aumento del 11,4% en cuatro años. No compensa lo perdido, pero es la mayor subida vista en mucho tiempo y supone reconocer que el personal público estaba asfixiado.

P.–Pero dice que siguen quedando asuntos clave sin resolver.

R.–Sí. Por ejemplo, la tasa de reposición. Llevamos años denunciando que se jubilaban trabajadores y una parte de esas plazas no se ofertaba. Eso genera bolsas vacías, servicios incompletos y plantillas envejecidas. Ahora se ha anunciado la eliminación de esa tasa y esperamos que se cumpla, porque en muchos ámbitos, como la policía local o ciertas áreas técnicas, el riesgo de quedarse sin personal es real. Tenemos un 30% de temporalidad y Europa nos exige un 8%: ahí hay un problema serio.

P.–¿Qué pasa con la famosa temporalidad en la Administración?

R.–Que seguimos igual: un 30% de personal no estable. La mayoría son mujeres de más de 50 años que llevan décadas encadenando contratos. Europa exige bajar al 8%, pero el Estado y las comunidades no han cumplido los plazos ni han sacado todas las plazas necesarias. Eso genera incertidumbre, miedo y también sanciones económicas para el país. Estamos perdiendo dinero por no hacer bien las cosas.

P.–¿Le preocupa el futuro de esas personas?

R.–Muchísimo. No sabemos si las van a cesar, si podrán consolidar, si habrá procesos justos. Muchas llevan más de veinte años trabajando sin estabilidad porque la Administración no ha puesto los medios para solucionar el problema. Y cada mes que pasa se pierde dinero en multas y se deteriora la calidad del servicio.

P.–En varios sectores se percibe un deterioro evidente de los servicios públicos. ¿Coincide?

R.–Totalmente. Y no es un discurso político: es una realidad diaria. Faltan sustituciones, las bajas tardan semanas en cubrirse, hay centros educativos con instalaciones deterioradas, servicios de dependencia que tardan tres años en valorar a una persona… Y todo eso repercute directamente en la ciudadanía. Tú puedes anunciar inversiones, pero si la gente no nota mejoras reales, algo falla.

P.–¿Cree que hay una intencionalidad de dejar caer lo público?

R.–Creo que hay una tendencia a no cuidarlo como se debe. Y eso lleva a que la gente busque alternativas privadas. Incluso en educación, donde algunos centros públicos están apuntalados o saturados, mientras se financia la concertada. Al final la ciudadanía percibe que lo público es sinónimo de lentitud o baja calidad, y eso no es justo con los profesionales, que son excelentes y están muy cualificados.

P.–Hablemos de Justicia, donde reina el caos organizativo.

R.–Efectivamente. Existe una reestructuración en marcha, ligada a la ley de eficiencia organizativa, pero se está ejecutando sin orden. Cambian a la gente de sede, cambian funciones, digitalizan sin preparar equipos ni instalaciones… Y hablamos de expedientes penales, de documentación sensible. Hay profesionales muy buenos, pero sin medios es imposible trabajar.

P.–¿Cree entonces que la digitalización está siendo improvisada?

R.–Sí. La Administración lleva años diciendo que vamos hacia el cero papel, pero no puedes implantarlo sin formar al personal, sin ordenadores suficientes o sin espacios adecuados. Mucha gente llega a su nuevo destino sin una mesa donde colocar el ordenador.

P.–Estos días han coincidido varios paros en la sanidad. ¿Cómo valora la situación?

R.–El personal sanitario está agotado. Sus reivindicaciones son justas: jornadas interminables, guardias de 24 horas, falta de facultativos, residentes insuficientes, exceso de carga asistencial… Y ven que desde la pandemia las cosas han empeorado en lugar de mejorar. Nosotros apostamos por un Estatuto Marco común para todas las categorías, aunque el Sindicato Médico defienda uno propio. Pero es evidente que la situación es insostenible.

P.–¿Qué falla?

R.–Falla la planificación. Y falla la voluntad política de afrontar el problema. Llevamos tres años negociando el Estatuto Marco, más de sesenta reuniones, y todo sigue bloqueado. No se puede tener a la gente esperando eternamente mientras se deteriora el sistema.

P.–¿Teme que se esté potenciando la sanidad privada?

R.–Sí, y ya no es una sospecha: hay datos. Derivaciones constantes, listas de espera que no paran de crecer, hospitales privados que reciben cada vez más fondos públicos… La sanidad no puede ser un negocio. Y si empujas a la gente hacia lo privado, la pública se resiente.

P.–Hay quien mantiene cierto rechazo a los sindicatos. ¿Cómo lo interpreta?

R.–Es un cliché que arrastramos. La ciudadanía solo ve una parte de lo que hacemos. Pero cuando a alguien lo despiden, sufre acoso laboral, no entiende un proceso de consolidación o tiene un problema serio, ahí es cuando descubre el valor real del sindicato. La mayoría de la gente que pasa por nuestras asesorías termina agradeciendo el trabajo y reconociendo su importancia.

P.–¿Piensa que ha mejorado esa percepción?

R.–La parte informada sí. Pero vivimos en una época de crispación y odio fácil, y los tópicos se repiten mucho. También hay quien piensa que un funcionario no trabaja, y eso es profundamente injusto. Yo veo trabajadores públicos dejándose la piel todos los días.

P.–¿Cómo llega usted al mundo sindical?

R.–De casualidad. Soy terapeuta ocupacional y he trabajado en salud mental y en el Puerta del Mar. Una compañera, enfermera, me habló de una plaza para cubrir una baja en el sindicato. Entré sin tener ni idea de cómo funcionaba la estructura. Y me encontré con un mundo enorme, con gente de mucho valor humano, con reivindicaciones que ni imaginaba y con la sensación de que podía aportar algo.

P.–¿Le atrapó rápido?

R.–Sí. Yo pensaba que iba a estar seis meses. Y llevo ocho años. Aquí no hay una escuela de sindicalistas: alguien detecta en ti una capacidad, una constancia, una sensibilidad para ayudar y negociar. Cuando lo descubres, entiendes que esto tiene mucho de vocación y de responsabilidad social.

P.–¿Tienen preferencias a la hora de negociar según el color político de quien tiene en frente?

R.–No. Somos independientes. Nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados y eso nos permite mantener autonomía total. A veces nos acusan de estar cerca de unos u otros, pero es falso. Vamos de la mano de quien coincida con nuestras reivindicaciones, sea el partido que sea.

P.–¿Qué tal la relación con los distintas administraciones?

R.–Varía. Nos ha sorprendido la falta de diálogo de algunos responsables del Ministerio de Función Pública, que ni siquiera se sentaban a negociar al principio. En Andalucía, con la Junta, también hemos tenido bloqueos y cambios constantes de interlocutores. Pero cuando se sientan y hay voluntad, las cosas avanzan. Lo que no puede ser es estar tres años negociando un mismo texto.

P.–¿Y con otros sindicatos?

R.–Hay momentos en los que vamos juntos, como en sanidad o en la subida salarial. Y otros en los que cada uno sigue su línea. Depende del conflicto y de lo que haya en juego. Pero cuando se trata de defender algo que afecta a toda la ciudadanía, como la sanidad pública, suele haber unidad.

P.–¿Cuántos afiliados tienen actualmente en la provincia?

R.–Unos 8.400 activos, y si contamos jubilados y estudiantes, cerca de 9.000. Cuando yo entré éramos unos 6.000. El crecimiento demuestra que la gente confía en nuestra forma de trabajar: independiente, profesional y centrada en la defensa del empleado público y también de la empresa privada, donde cada vez nos llaman más.

P.–Lleva un año. ¿Cuánto tiempo se ve en el cargo?

R.–Esto es un sitio de paso. Mi compromiso es cumplir los cuatro años. Yo tengo mi plaza en el hospital y cobro lo mismo aquí que allí. No estoy por dinero. Estoy por convicción y porque creo que puedo aportar. Es verdad que ha sido un año durísimo, de muchísimo estrés, y espero que los siguientes sean algo más calmados. Pero mientras pueda ser útil, aquí estaré.