Como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones con el arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido ya bastantes veces y condenado en firme por casos de obra nueva fraudulentos registrados tanto en El Puerto como en Chiclana, hay otro nombre que empieza a ser también habitual cada vez que se registra una operación policial contra el urbanismo ilegal. Hablamos del abogado José Ignacio Rosano, que fue detenido en el verano de 2007 junto al arquitecto Pallí en la primera fase de la operación Obra Nueva Chiclana, y que ha defendido ya a unos cuantos procesados por casos similares en los juzgados gaditanos. La Guardia Civil acaba de comunicar al letrado su imputación en otra supuesta estafa detectada en el término de Chiclana. Además de a él, los agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Cádiz acusan a un tasador, José Manuel M.A., de gestionar un préstamo hipotecario sobre una vivienda inexistente cometiendo supuestamente los delitos de falsedad documental y estafa.

Según informaron ayer desde la Comandancia, los hechos tuvieron lugar al tener conocimiento los guardias de que en una operación de compra de una parcela en el Camino de la Espartina, en Chiclana, un vecino utilizó los servicios de un abogado y un tasador que podrían haber presentado documentación falsa al banco para la concesión del crédito.

Los dos profesionales, que este periódico ha podido saber que se trata de Rosano y de José Manuel M.A., para lograr materializar el préstamo, presentaron ante un banco la documentación requerida: una serie de nóminas para acreditar la capacidad de pago del comprador y un certificado de tasación de la finca. Toda esta documentación fue presentada ante una entidad bancaria, que denegó el crédito, por lo que recurrieron a otra ( que este diario ha podido saber que es el Banco Santander), que finalmente concedió un crédito por 126.000 euros.

Las pesquisas del equipo contra la delincuencia urbanística de la Benemérita desvelaron que los ingresos reales del comprador eran bastante más bajos que los que aparecían en sus nóminas, que habrían sido falsificadas triplicando su salario efectivo. Además, el informe de tasación presentado correspondía a una vivienda que no tenía nada que ver con la finca objeto de la compra, en la que no hay nada edificado.

La investigación habría determinado que el comprador era ajeno a los tejemanejes de letrado y tasador, por lo que los agentes procedieron anteayer a comunicar a ambos su imputación como supuestos autores de delitos de falsificación y estafa, poniéndolos a disposición del Juzgado Mixto 4 de Chiclana.

Rosano fue detenido en julio de 2007 por la Guardia Civil tras una investigación que arrancó dos meses antes, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular. Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya, el que puso la denuncia, al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad. El abogado fue arrestado en la primera fase de una operación que, en sucesivas oleadas, ha ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sobrepasar el medio centenar de implicados,

El abogado con bufete en Cádiz sería una pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Pallí. Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y propietarios.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Medio Ambiente y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad. A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes. Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas a través de créditos en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos de viviendas fantasma. La Guardia Civil llegó a detectar irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por la trama.

Este caso se cobró una víctima inesperada: el director de la sucursal del Banco de Andalucía de la avenida de Ramón de Carranza de Cádiz, Manuel Lavié, que apareció ahorcado en su oficina.

Lavié habría decidido quitarse la vida, el 22 de agosto de 2007, tras descubrir que en su sucursal se habían concedido 37 créditos hipotecarios de difícil aval tramitados por personas implicadas en la trama de Chiclana.