Ante las recientes noticias en relación a la creación de dos nuevas universidades privadas en la comunidad autónoma de Andalucía, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas han puesto de manifiesto varias reivindicaciones. Entre ellas, su convicción de que cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario andaluz, o cualquier ampliación de la oferta de titulaciones en las ya existentes, debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas, tanto en el ámbito de la formación académica, como también en el de la implantación y desarrollo de políticas de investigación y transferencia del conocimiento, que deben estar suficientemente acreditadas, así como en el de la puesta en marcha de programas de responsabilidad social, siendo obligación ineludible de las autoridades competentes y de la Agencia Andaluza de Evaluación (DEVA) velar por el cumplimiento de estos requisitos desde el momento de su creación y durante todo el desarrollo de sus actividades.

En segundo lugar, su reivindicación de que la creación de nuevas universidades de carácter privado se produzca, en todo caso, al mismo tiempo que se atiende al necesario fortalecimiento de las universidades públicas andaluzas, en cuanto a la financiación adecuada y suficiente para la correcta cobertura de sus necesidades de plantilla e infraestructuras materiales y en cuanto a las políticas necesarias para ampliar y actualizar su oferta de nuevas titulaciones de Grado y Posgrado y mejorar las relacionas con el tejido social y productivo. Solo con estas condiciones las universidades públicas andaluzas podrán continuar siendo una fuente de innovación y progreso para sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía.

Incorporación con informes negativos

El Consejo de Gobierno autorizó el 5 de febrero el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley para incorporarla dentro del sistema de enseñanza superior en Andalucía pese a que esta entidad ha recibido los informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Universidades; de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (Deva); y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Estos informes no son vinculantes, pero sí se suelen tener en cuenta.