Vicente Ramírez dejó de ser profesor en el colegio Divina Pastora de Sanlúcar sencillamente porque fue superado en las pruebas de selección por alguien que estaba mejor preparado que él, y no por ser homosexual. Esa es la conclusión a la que llegó el año pasado un Juzgado de lo Social de Jerez y esa es la misma conclusión a la que ha llegado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El fallo judicial, además, recrimina al profesor que incumpliera el compromiso que adquirió con el centro de perfeccionar su formación en la asignatura de inglés para hacerse con la plaza vacante. 

 

La noticia del despido de este profesor homosexual dio la vuelta a España hace ahora dos años. El propio docente, que al mismo tiempo era concejal del PSOE con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento sanluqueño, fue quien se encargó de airear su situación, culpando directamente de homofobia al colegio concertado Divina Pastora de Sanlúcar, regentado por las Madres Calasancias.

 

Colectivos gays y lesbianas y partidos políticos situados ideológicamente a la izquierda no dudaron un instante en posicionarse al lado del denunciante, que no había sido renovado en el referido centro un mes antes, en diciembre de 2013. Vicente Ramírez veía así cómo concluía una etapa de cinco años como profesor de Primaria de este colegio, en el que entró en diciembre de 2008 con un contrato de relevo por la jubilación parcial de otra maestra.

 

El AMPA  de este centro educativo y la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) fueron los únicos que defendieron a la dirección del Divina Pastora, que desde el primer momento quiso dejar claro que la no renovación del contrato de Ramírez estuvo motivado exclusivamente por motivos profesionales.

 

Pero acusar a un colegio de monjas de expulsar a un profesor por ser homosexual era un argumento muy atractivo para muchos (colectivos sociales, partidos y algunos medios de comunicaron) que se lanzaron a degüello contra este centro sanluqueño. También lo hicieron, con reacciones bastante contundentes, cargos de peso del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, posiblemente porque el denunciante era un concejal socialista. Hasta el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso, anunció la apertura urgente de un expediente para aclarar lo sucedido, ya que entendía que los hechos denunciados podían suponer una falta muy grave.

 

Curiosamente, mientras el camino recorrido en los tribunales de Justicia ha terminado dando la razón al colegio, todo lo contrario ha sucedido con ese expediente administrativo abierto por la Junta. En concreto, en mayo de 2015, y asumiendo un informe previo elaborado por la Inspección, la Consejería de Educación imponía una multa de 123.000 euros al colegio Divina Pastora por una “infracción grave” en el proceso de selección del profesorado que derivó en el despido de Vicente Ramírez. Esta resolución administrativa, que en ningún caso se verá afectada por el fallo emitido ahora por el TSJA, fue recurrido por el colegio, sin que hasta la fecha haya quedado resuelto por parte de la Administración andaluza.        

 

Al final los argumentos esgrimidos por el colegio son los mismos que han sido refrendados por el TSJA. El Alto Tribunal andaluz lo que ha hecho ha sido ratificar la primera sentencia emitida en mayo de 2014 por el Juzgado de lo Social número 3 de Jerez. Estas dos resoluciones judiciales, que han salido adelante pese a la opinión contraria de una Fiscalía que sí creía que se habían vulnerado los derechos fundamentales del ex profesor, han venido a tumbar la denuncia primitiva contra el colegio y el posterior recurso presentados por Vicente Ramírez, quien en su demanda reclamaba no sólo su readmisión como docente en este colegio sino también una indemnización de 114.000 euros.

 

El fallo del TSJA, hecho público ayer por el referido colegio sanluqueño y que ya es firme porque contra él no cabe recurso alguno, rechaza el argumento del denunciante de que la dirección de este centro educativo no le renovó el contrato por su homosexualidad. Bien al contrario, la sentencia entiende que el colegio sabía la condición sexual de Ramírez desde tres años atrás “sin que el centro adoptara medida alguna que dificultara el ejercicio de la función docente que desempeñaba hasta su cese el 12 de diciembre de 2013”. Es más, añade que el centro educativo “incluso le promocionó internamente al nombrarlo coordinador del área de bilingüismo en 2011, es decir, un año después de conocer su condición de homosexual”.

 

También se centra el TSJA en el proceso de selección que se llevó a cabo en este colegio sanluqueño a finales de 2013 y que derivó en que Ramírez no fuera renovado. Recuerda el Alto Tribunal andaluz que este proceso se llevó a cabo a raíz de la jubilación total de la profesora a la que reemplazó provisionalmente el denunciante cinco años antes. La sentencia explica que el ex profesor se presentó a estas pruebas de selección y que ya sabía, porque era coordinador del área de bilingüismo, que el colegio tenía el proyecto de proporcionar una educación bilingüe y que por ello era necesario potenciar la formación del profesorado en inglés. Esta circunstancia motivó que el profesor se comprometiera con el centro a preparar el título de C1 en inglés, compromiso que no cumplió y que el propio TSJA señala con incredulidad: “Si empezó a desarrollarse este proyecto en 2011, no se comprende que en 2013 el profesor ni siquiera hubiera obtenido la titulación B2”, explica una sentencia que también reconoce que la profesora que terminó ocupando esa plaza vacante tiene una mejor formación académica que el denunciante, ya que sí dispone de la titulación que acredita un nivel C1 en inglés y es titulada superior de la Escuela Oficial de Idiomas.

El fallo del TSJA que pone fin a este proceso por la vía judicial, se produce cuando Vicente Ramírez ya no es concejal de Sanlúcar, pues renunció a su acta en agosto de 2014.

 

Por su parte, a través de un comunicado, el colegio Divina Pastora reiteró ayer su compromiso con los valores cristianos de igualdad y su firme rechazo “a cualquier tipo de discriminación por motivos religiosos, culturales, sexuales o de cualquier otra índole”. Al mismo tiempo lamentó los problemas que esta denuncia haya podido generar “en el normal funcionamiento del centro y en la imagen que algunos medios han pretendido proyectar sobre esta institución, que lleva más de un siglo realizando su labor educativa y social en Sanlúcar, contribuyendo a su crecimiento y a la formación de sus vecinos”.