Representantes de la mayoría de organizaciones sindicales se concentraron este lunes a las puertas de los hospitales de la provincia para mostrar su repulsa la nueva orden por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Los sindicatos han denunciado que gracias a ella se da autoridad a las gerencias de los centros sanitarios para “limitar o restringir los derechos de los profesionales”. Alertan de que, amparada en el estado de alarma, la nueva orden abre la posibilidad suprimir todos los permisos, licencias y vacaciones, y disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales.

En ella se incluye –según las organizaciones sindicales-, además de la suspensión de permisos, la posibilidad de “modificar las jornadas, turnos y descansos que se estimen oportunos, así como la posibilidad de realizar jornadas laborales de hasta 14 horas diarias durante siete días seguidos, garantizando únicamente 70 horas semanales de descanso”.

Igualmente, las disposiciones contenidas en esta orden (firmada el domingo por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía “sin negociación previa con las organizaciones sindicales”) posibilitan la movilidad de los profesionales a distintas unidades, centros o áreas, “lo que obliga a dicha movilidad en centros y entre distintos centros y localidades”. Además se contempla la posible asignación de tareas correspondientes a una categoría o especialidad distinta a la que se ocupa.

Tampoco se permiten las excedencias por cuidados de familiares e hijos, las reducciones de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas y se suspende la exención de guardias a mayores de 55 años, según los sindicatos.

En la orden publicada, la Junta explica que la negativa evolución de la crisis en las últimas semanas agrava las dificultades y tensiones que desde el inicio de la pandemia viene sufriendo el sistema sanitario y “hace necesario prever la adopción de diversas medidas en materia de personal, tendentes a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la enorme presión que vienen soportando los profesionales de los centros sanitarios y que pone en serio riesgo la adecuada cobertura de las unidades en todos los turnos y horarios”.

La orden supone “un ataque a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública”, a juicio de los sindicatos, que además sostienen que “se autoriza a los gerentes de los centros sanitarios a contratar personal saltándose la normativa de Bolsa Única vigente, es decir, contratación a dedo”.

En definitiva, todos coinciden en que se vulneran los derechos laborales consolidados de 100.000 trabajadores del SAS, en lugar de “sostener, proteger, cuidar y levantar el ánimo de una plantilla al borde de la extenuación, que lleva dándolo todo desde hace ocho meses por la salud de los andaluces”. Algunos sindicatos ya adelantan estudian emprender acciones legales contra dicha orden.