Aunque el grado de responsabilidad final en el supuesto fraude millonario de subvenciones públicas de Bahía Competitiva tendrá que decidirlo la juez del caso, la magistrada Lourdes del Río, lo cierto es que el informe policial de la Udyco al respecto es ciertamente contundente al abordar la figura del máximo responsable de la oficina que dio nombre al caso, Antonio Perales.

Aunque en sus conclusiones la Policía asegura que no hubo "enriquecimiento aparente" de Perales a consecuencia de la actuación de la trama investigada "pues su patrimonio ha sido adquirido con anterioridad a la misma", en el atestado se relata cómo los acontecimientos se van sucediendo en torno a su persona. Así, para empezar, da por confirmado que se produjeron reuniones entre Perales y Joaquín Arespacochaga y que fue el político gaditano el que instó al gallego Dávila Ouviña y al inversor Joaquín Arespacochaga a que "centraran la inversión en Alcalá de los Gazules" -la localidad natal de Perales-. Y concluye: "No se atiende ningún tipo de criterio económico, sino tan solo motivaciones personales", y también que "son constituidas 11 sociedades que solicitan subvenciones, de las cuales ocho, sorprendentemente, logran resoluciones provisionales de concesión, seguramente debido a la influencia ejercida por Antonio Perales y a razones de carácter político, por influencia sobre los responsables de las concesiones. Todo ello por un importe de 23.059.253 euros".

El atestado dedica otro apartado exclusivo al dirigente de Bahía Competitiva, bajo el rótulo de "implicación de Antonio Perales y personas de su entorno". Al respecto, indica: "Esta persona se ha beneficiado económicamente de la instalación de los proyectos en Alcalá de los Gazules, mediante el alquiler de una vivienda de su propiedad, mediante la contratación de familiares en los proyectos, y mediante la concesión de una dádiva, prometida en el futuro, consistente en varias naves edificadas en el polígono que se pretendía construir". Claro que, finalmente, nada llegó a construirse en La Palmosilla.

A este respecto, cabe recordar que, en la campaña de las elecciones municipales de 2011, el entonces parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, denunció públicamente que el PSOE "había repartido en Alcalá un folleto propagandístico" en el que, apoyándose en el Plan Bahía Competitiva y la Delegación de Innovación de la Junta, se aludía a la instalación de nueve empresas en el municipio gracias a la concesión de ayudas de Industria, cuando ya se conocía que el Ministerio reclamaba su devolución.

Pero el atestado policial no finaliza aquí sus comprobaciones acerca de Perales. En otro párrafo admite que "se ha detectado que una de las evaluadoras de la comisión que debía aprobar de forma preliminar los proyectos, dependiente jerárquicamente de Antonio Perales, ayudó de forma directa en la redacción de los proyectos, que debía posteriormente evaluar". Finalmente, en el documento de la Udyco se clasifica a Antonio Perales como "funcionario facilitador de las subvenciones", además de "líder" y "detenido".

Todas estas consideraciones policiales distan mucho de las explicaciones que el propio Perales dio a este periódico en agosto de 2011. "Reconozco que me equivoqué al fiarme de Dávila Ouviña. Sus inversiones proyectadas en Alcalá y en El Puerto parecían creíbles y las defendí desde el principio hasta el final. Ahí estuvo mi error. Pero lo que no acepto es que se afirme que yo he beneficiado a una empresa o a una localidad en detrimento de otras o que se insinúe incluso que yo me he lucrado personalmente. Eso lo rechazo en absoluto y actuaré judicialmente contra quien ponga mi nombre en entredicho". Esto lo dijo Perales apenas 48 horas después de ser apartado del cargo.