El PP repesca a Enrique Moresco como asesor del subdelegado

El PP de Cádiz ha repescado una vez más a Enrique Moresco, quien fuera alcalde de El Puerto durante casi siete años, desde junio de 2007 a enero de 2014. Tras sendos pasos fugaces como cargo de confianza primero en la Diputación de Cádiz y más recientemente en la Zona Franca, Moresco aterriza ahora en la Subdelegación del Gobierno central en Cádiz, donde ejercerá de asesor del actual subdelegado, Agustín Muñoz.

En concreto, Moresco asumirá las funciones de jefe de gabinete del subdelegado, relevando en el cargo a Sebastián Ruiz, quien fuera senador por el PP y que días atrás presentó su renuncia tras ser acusado por la Fiscalía por un presunto delito de enchufismo que habría cometido en su etapa anterior como concejal en Arcos.

Fuentes del Partido Popular han explicado que Enrique Moresco, que no tiene causas judiciales pendientes, es una persona muy valorada en esta formación, en la que recaló tras abandonar las filas de Independientes Portuenses (IP), en una operación que fue considerada por el resto de fuerzas políticas como un claro caso de transfuguismo. Sin embargo, esas acusaciones jamás han arrugado al PP provincial y a su presidente, Antonio Sanz, que fue primero el gran valedor del fichaje de Moresco siendo alcalde Hernán Díaz y que años después logró convencerle para que cediera la Alcaldía portuense a Alfonso Candón.

En el Partido Popular no sólo se reconoce ambos gestos que tuvo Moresco sino que además se tiene el convencimiento de que es un buen gestor.

Por su parte, Sebastián Ruiz deja su cargo de asesor tras conocerse que la Fiscalía le ha acusado de un caso de enchufismo en el Ayuntamiento de Arcos. En concreto, y según desveló ayer la agencia Efe, la Fiscalía le acusa a él y a otros dos concejales del último gobierno de coalición PP-AIPro -en concreto Carlos de la Barrera y Manuel Erdozain- de haber enchufado a la hija del interventor accidental del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, para que modificara informes contrarios a la gestión municipal.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a 2014 cuando estos tres ediles se encontraron con el rechazo del interventor, que informó negativamente de las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones debido a la delicada situación económica que atravesaba el Ayuntamiento. Los tres concejales "decidieron de común acuerdo" ofrecer al interventor la contratación de su hija, a cambio de que modificase el sentido de este informe, siempre según la versión del Ministerio Público.

La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para Manuel Erdozain y Sebastián Ruiz, mientras que rebaja la petición a De la Barrera a cuatro años y medio, y al interventor a cuatro, por delitos de cohecho activo y pasivo y prevaricación.

El escrito de acusación considera probado que los tres concejales consiguieron convencer al interventor, ya que su hija, con estudios de peluquera, terminó siendo contratada como auxiliar administrativo, y que, a partir de ese momento, el gobierno municipal logró informes favorables que no debería haber recibido.

La investigación se había iniciado como una pieza separada de otra instrucción que ya está bastante avanzada sobre casos de enchufismo de familiares de políticos en el Ayuntamiento de Arcos y por los que estos tres concejales también están imputados.