La noticia de la detención del ex alcalde de Chipiona, Manuel García, de su concejal de Juventud y de otras cinco personas por un delito de malversación, prevaricación y falsedad documental cayó como una bomba en un Consistorio que, por desgracia, está viviendo un rosario de causas judiciales en los últimos años.

No obstante, el actual Gobierno local, que es del PP, no quiso ayer hacer sangre con este asunto. Su portavoz, la concejala Isabel Jurado, manifestó que "no es agradable que Chipiona salga en los medios de comunicación por temas judiciales, aunque sea por la gestión de otro equipo de Gobierno, en este caso del PSOE".

Según informó, la auditoría encargada por los populares cuando llegaron al poder municipal en 2011 detectó éstas y otras "irregularidades" en la gestión económica de los socialistas en el Ayuntamiento hasta ese año. Con todo, la denuncia relativa al Lan Party Chipiona 2010 no fue presentada por el partido, como en otros casos, sino por un ex concejal del PP a título particular.

Paralelamente a la investigación judicial, la Corporación local creó una comisión de investigación sobre las horas extraordinarias que supuestamente efectuaron los trabajadores municipales que aparecen en el expediente del caso, al igual que otras dos personas que ni siquiera son empleados del Ayuntamiento. Los comparecientes declararon ante la comisión municipal que "no habían realizado ni cobrado ninguna hora extra". El Consistorio espera que "se esclarezca todo" por la vía judicial.

En el ámbito político, el PP de Chipiona considera "precipitado" pedir la dimisión de la concejala del PSOE María Dolores Naval, que figura como investigada en este procedimiento por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. "Aunque ella sí ha hecho eso en otras ocasiones con el alcalde, Antonio Peña (PP), consideramos que no es de recibo pedir su dimisión, porque no ha sido condenada", afirmó Jurado, quien apuntó que Naval "está investigada en varias causas".

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, advirtió que "quien verdaderamente está esperando una sentencia y el devenir de otras causas judiciales es el alcalde, Antonio Peña".

Maese lamenta que el padre de una diputada provincial del PP de Chipiona, Pedro Valdés, "se dedique a poner denuncias -ya van seis- que luego son archivadas porque no tienen ninguna basamento jurídico", y sobre todo, reprueba "que su único objetivo sea desprestigiar a la alcaldable, María Naval, con un acoso mediático repugnante al que vamos a poner fin".

El PSOE recuerda que esta persona fue condenada en 2011 por insultar a María Naval en un Pleno "y continúa impunemente acosando a la concejala por ser portavoz y la referente local del PSOE, tratando de amedrentarla y desprestigiarla, incluyendo su nombre en denuncias que después no van a ninguna parte", apunta Maese.