El izado de una bandera de la segunda República en los jardines de las Puertas de Tierra el pasado mes de abril le va a costar al Ayuntamiento 1.000 euros. La acción que ya fue objeto de una medida cautelar ha sido ahora 'castigada' por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, que ha fallado contra el Ayuntamiento, declarando que la colocación de esa bandera "infringe el ordenamiento jurídico", por lo que ordena "su retirada definitiva", imponiendo esas costas de 1.000 euros (más IVA).

La sentencia conocida ayer establece que las administraciones públicas deben ceñirse al uso de banderas y símbolos que estrictamente marca la ley. En el referido caso, a la bandera nacional (recogida en el artículo cuarto de la Constitución), las de las comunidades autónomas y las de los ayuntamientos, diputaciones y otras corporaciones públicas, "entre las que no se encuentra la de la II República Española", aclara el Juzgado.

Con este planteamiento contradice la defensa municipal, que entendía que el uso de la bandera republicana "no está prohibido y no se perseguirá a ningún ciudadano por exhibirla". "Mas cabe responderle que no es cualquier ciudadano sino una administración pública cuya actuación está sujeta a normas estrictas, incluyendo entre ellas los símbolos de que puede servirse y que no disfruta del ámbito de la libre determinación del ciudadano", que sí puede utilizar cualquier bandera "que no sea ofensiva, induzca a la violencia o suponga desprecio a otras personas".

El Ayuntamiento también se amparó en la Ley de Memoria Histórica de Andalucía para defender el uso y colocación de la bandera en Puerta Tierra. Pero a este respecto indica el Juzgado que esa normativa "no regula el uso de la bandera de la II República u otra, ni la fomenta, protege o permite, luego no justifican la actuación impugnada". "La consecución de los objetivos y la defensa de los valores que esas leyes propugnan no exigen la sustitución de la bandera oficial por otra", añade el texto.

También reseña la sentencia -a la que tuvo acceso ayer este periódico- un aspecto formal respecto a lo ocurrido en abril: "no hay procedimiento administrativo ni por tanto expediente" que sustente la colocación de esa bandera republicana. "El Ayuntamiento simplemente manifiesta que una orden verbal del equipo de gobierno" bastó para que se colocara la bandera. Orden que apunta -según la sentencia- al concejal de Memoria Democrática, Martín Vila (de Ganar Cádiz en Común).

Este aspecto fue puesto de manifiesto ayer por el portavoz del grupo municipal del PP, Ignacio Romaní, que puso de manifiesto que "no hay ningún soporte administrativo en esa toma de decisiones", en referencia algún tipo de acuerdo en Junta de Gobierno Local o similar. "Estudiaremos ver ese procedimiento administrativo que no existe, cosa que hemos sabido hoy al leer la sentencia", reconoció ayer Romaní.

El Ayuntamiento cuenta ahora con un plazo de quince días para presentar recurso; decisión que será ahora estudiada, según adelantó ayer Martín Vila tras recibir la sentencia.