¿Cómo puede tasarse un suelo rústico a 18 millones de pesetas (110.000 euros) la hectárea cuando el precio de mercado actual es, como mínimo, seis veces inferior? Es lo que ha ocurrido en el Cortijo Carvajal, a seis kilómetros de Puerto Real en la carretera de Paterna. La promotora Martinsa-Fadesa tasó esta finca en 65,3 millones de euros en el balance de activos del año pasado. El valor original era de 336.000 euros, por lo que la revalorización resultante fue de un 19.345%.

Esta escandalosa inflación contable es la más destacadas de las que la administración concursal ha destapado en su informe sobre la empresa gallega dentro del proceso judicial de suspensión de pagos iniciado el pasado julio. Esta sobrevaloración de las propiedades se apoyaba en tasaciones de Tasamadrid -100% propiedad de Caja Madrid- y permitió a la constructora cerrar con beneficios el pasado ejercicio pese a su maltrecha situación financiera real.

La finca, para más inri, todavía no es de su propiedad, sino que tiene una opción de compra vigente desde 2005 que, inicialmente, afecta a 600 de las 730 hectáreas totales y que expira en medio año, en mayo de 2009. Además, el terreno tenía en ese momento la calificación urbanística de no urbanizable y no ha variado desde entonces porque fue ratificada en febrero de 2008 en la aprobación inicial del nuevo PGOU de Puerto Real, en el que, además, se le da la consideración "de interés forestal" y adecuado para la "reforestación".

Para este terreno, Martinsa-Fadesa tenía una expectativa tan ambiciosa como incierta: una pequeña ciudad sostenible y bien comunicada. El proyecto constaba de 4.800 viviendas con equipamientos de energías renovables, dos campos de golf, la reforestación de la zona más próxima a la carretera de Paterna (está en pleno Parque de las Cañadas) y un parque tecnológico. Y todo ello con un índice de edificabilidad bajo, de en torno al 10%, ya que, para hacerse una idea, 600 hectáreas es casi la extensión de la ciudad de Cádiz. Hoy en día, esta megaurbanización está en el aire, principalmente por la suspensión de pagos, pero también por la nueva limitación del desarrollo de zonas urbanas impuesta por la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y la propia acotación de usos que marca el PGOU puertorrealeño y el Plan de Ordenación de la Bahía.

Sin embargo, Martinsa-Fadesa -con quien este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto- no ha renunciado por el momento a la opción de compra y mantiene las negociaciones con la familia propietaria, aunque con un objetivo distinto: la promoción de un parque industrial en la parte más próxima a la autopista, denominada El Castaño. Según aseguraron fuentes cercanas al proceso, esta nueva área, casi colindante con Las Aletas, podría destinarse a la implantación de empresas fabricantes de componentes de energías renovables (aerogeneradores, paneles solares...). En principio, ambas partes tienen voluntad de llegar a un acuerdo, pero éste estará sin duda condicionado por el desenlace del concurso de acreedores y, también, por la tramitación de una modificación de la clasificación del suelo para poder destinarlo a uso industrial.