Pedro Sánchez estrenó su política migratoria en 2017 con un golpe de efecto. El barco que nadie quería, el Aquarius, fue acogido por España, lo que fue saludado por las ONG´s como un indudable gesto de compromiso del nuevo Ejecutivo con la solidaridad con esa marea humana que huye de África. Pero en realidad sólo fue un gesto. Dos realidades que se produjeron durante ese mismo año hicieron que la política virara radicalmente.

El primero fue una tragedia. Mejor dicho dos. En un plazo de poco más de un mes dos naufragios frente a las costas de Trafalgar sobrecogieron tanto a la opinión pública española como los marroquíes. Los cuerpos repatriados de las víctimas hicieron que las autoridades marroquíes se replantearan una actitud de permisividad con la salida de pateras de sus costas.

Esto coincidió, además, con la resolución de una vieja disputa entre la Guardia Civil, dependiente de Interior y Salvamento Marítimo, dependiente de Fomento. La Guardia Civil llevaba tiempo quejándose de que Salvamento Marítimo acudía en auxilio de las pateras incluso aunque se encontraran fuera de su ámbito de actuación, es decir, dentro de las aguas marroquíes. Esto, decían los mandos de la Guardia Civil, se producía incluso cuando no existía ni siquiera una riesgo de naufragio. Es decir, las ONG´s del otro lado de la costa alertaban de la salida de una patera y Salvamento Marítimo ya estaba lista para actuar. El cálculo en 2018 era que de las 50.000 personas rescatadas por Salvamento Marítimo, un tercio lo habían sido en zonas fuera de su responsabilidad. Esto explicaría, según estas quejas, que no hubiera barcos de ONG´s internacionales en el Estrecho, ya que Salvamento Marítimo realizaba esa función.

La discusión, que fue enconada, fue resuelta por el ministro Marlaska, que impuso las tesis de la Benemérita, pese a que desde Salvamento Marítimo consideraba exageradas las quejas de los guardias civiles. Lo cierto es que desde entonces el número de inmigrantes que llegaban a los puertos de Cádiz descendió. De este modo, la Marina Real marroquí asumía el auxilio de pateras que antes, con frecuencia, ignoraba.

Según han denunciado diferentes ONGs e incluso el Secretariado de Migraciones de la Iglesia, el Gobierno no sólo no ha cumplido sus compromisos en esta materia sino que ha endurecido su posición respecto a la inmigración irregular, recurriendo a medidas tan antipopulares como las expulsiones en caliente de subsaharianos que saltaban las vallas de Ceuta y Melilla o la prohibición de zarpar a los barcos de ONGs como Open Arms.