El alcalde de San Fernando, José Loaiza (PP), ha mostrado hoy su "respeto" por la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a dos excajeros municipales como responsables directos del desfalco de más de siete millones de euros y a dos de sus predecesores como responsables subsidiarios.

José Loaiza ha señalado que el fallo del Tribunal de Cuentas demuestra que el gobierno municipal "actuó con responsabilidad defendiendo los intereses de la ciudadanía" al interponer la demanda ante el Tribunal de Cuentas que ha dado lugar a esta sentencia.

Ha puntualizado que el fallo confirma "los criterios exclusivamente jurídicos que fueron tenidos en cuenta a la hora de formular la demanda" contra los dos excajeros como responsables directos del desfalco y contra los exalcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo como responsables subsidiarios, al igual que tres funcionarios que fueron interventores o tesoreros municipales cuando se produjo el desfalco.

El actual alcalde ha añadido que el gobierno local "espera, desea y confía" que la instrucción penal sobre este desfalco "determine inequívocamente los responsables del robo y permita la reversión de lo sustraído".

José Loaiza no ha querido pronunciarse sobre la dimisión que ha presentado Manuel María de Bernardo de su cargo de concejal tras hacerse público el fallo ya que, en su opinión, es una decisión personal y de su partido.

La dimisión del actual delegado municipal de Aguas, Ahorro y Eficiencia Energética, Limpieza y Jardines no supone ningún cambio en el pacto que el PP, con diez concejales, y el PA, con tres, mantienen para gobernar en San Fernando.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los dos excajeros del Ayuntamiento de San Fernando Clemente Ruiz y María José Lebrero a devolver 7,6 millones de euros que desaparecieron durante seis años de la caja municipal al considerarles "responsables contables directos" del desfalco.

La sentencia señala también que los exalcaldes andalucistas de San Fernando Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo son responsables "subsidiarios" del desfalco por la "pasividad" y el incumplimiento de sus funciones, por lo que les condena a pagar 29.250 euros en el caso de que los primeros no puedan afrontar esta sentencia.