El presidente de los empresarios gaditanos, Javier Sánchez Rojas, no solo tuvo ayer 'mensajes' para Navantia. También se acordó de la clase política. Reprochó en su comparecencia que los políticos se hayan limitado a "tirarse los trastos" en las últimas fechas y no se haya escuchado "una voz clara y rotunda en defensa de Andalucía" y de su industria naval. Por ello, apeló a los distintos partidos a que "hagan algo por sentarse con la SEPI y Navantia" y a "unirse" por el interés de la zona.

Le hicieron caso. Más allá del desmentido del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, habló del asunto el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil. Aseguró que la decisión de trasladar a Ferrol parte de la carga de trabajo de los petroleros es "un ataque sin precedentes a nuestra provincia y al sector naval".

El representante andaluz recordó la "situación singular de desempleo de la Bahía de Cádiz" y cómo el sector naval es el que "más capacidad" tiene para revertir esta situación. Se quejó de que ahora que llega "con cuentagotas" carga de trabajo a la Bahía de Cádiz, el Gobierno de España traslada carga de trabajo a Ferrol "castigando a Puerto Real".

Contra este "ataque sin precedentes a nuestra provincia y al sector naval" de la provincia, el delegado instó a que las distintas fuerzas políticas y empresariales se unan "para que se replanteen esta decisión y los petroleros se sigan haciendo en Cádiz".

También llegaron críticas, en este caso desde las filas de Podemos, y en dirección al PP. En un escrito firmado por los alcaldes de Cádiz, José María González; de Puerto Real, Antonio Romero; Noelia Vera, diputada nacional por Cádiz; y Ernesto Díaz, concejal en San Fernando, aseguraron que el traslado de carga de trabajo "no es una decisión técnica sino política, y es responsabilidad única del PP". Los representantes de Podemos añadieron, además, que "si lo que buscan es un conflicto entre pueblos castigados por sus políticas -en referencia a Galicia y Andalucía- no nos van a encontrar".